ES TODO muy extraño. Después de escuchar la pelea entre Zaplana y Rubalcaba en el Congreso a cuenta de la matanza del 11-M, la situación se parece bastante a ésta: el portavoz del PP pregunta al Gobierno socialista sobre hechos acontecidos cuando el PP estaba gobernando; el ministro del Interior no responde a casi ninguna pregunta de ese portavoz, aunque contienen graves insinuaciones de manipulación de pruebas del atentado; la oposición política surte su argumentario de declaraciones de presuntos delincuentes; el Gobierno -que no era Gobierno cuando el atentado- se encuentra cercado por esas mismas declaraciones de esos mismos presuntos delincuentes; y la policía y la Justicia ven su trabajo y su crédito puestos en entredicho por esa misma gente. Y así, termina el encontronazo parlamentario, y a los cronistas nos preguntan nuestros directores: ¿qué te ha parecido? Y no sabemos qué responder. Nos quedamos en la superficie: Zaplana estuvo brillante y Rubalcaba inteligente. ¿Pero ves algo claro?, insiste nuestro director. Hombre, respondemos, claro, lo que se dice claro, no mucho. Estamos como en aquellos tiempos en que otro director devolvió un artículo al editorialista con una indicación: «Oscurézcalo un poco». Hay todo un movimiento político y mediático que parece repetir esa consigna: oscurecer todo el entorno del 11-M, como si hubiera demasiada claridad; sembrar dudas y sospechas sobre pruebas y autoría. Y así, por defecto de comunicación, o por exceso de osadía, estamos como el 12 de marzo del 2004. Una parte de la sociedad (la más próxima al Partido Popular) piensa que no hubo sólo islamistas en la preparación y ejecución del atentado. Otra parte (en general la situada electoralmente a la izquierda) entiende las acusaciones como una maniobra cuyo fondo sería el de siempre: la derecha sigue sin aceptar el resultado electoral y sigue empeñada en demostrar la existencia de una conspiración de altos y crueles vuelos para apartarla del poder. Nada novedoso: eso es lo que ha movido gran parte de la vida política durante estos treinta meses. No voy a hacer grandes cánticos sobre cómo se destruye así la credibilidad de la instrucción judicial. No voy a resaltar lo ilógico de que la versión de un justiciable sea más creíble que las investigaciones de la policía. Sólo digo: si eso tiene que ser así; si la palabra de unos presuntos delincuentes pesa más que los trabajos de nuestras instituciones, y si encima, al final, esa palabra fuese la verdadera, ¿qué nos quedaría? Una enorme desolación. Si no podemos creer los informes de la policía y si el testimonio de un acusado es más solvente que un sumario, lo digo sin miedo al tópico: es para marcharse de este país.