ARRANCA el curso académico entre los estertores de una ley no nacida y los gemidos de una recién aprobada, que continúa en esencia la ley socialista anterior, llamada LOGSE. Con la vuelta a clase, vuelven también las noticias de nuestros graves problemas educativos: el fracaso escolar galopante, especialmente entre los chicos, es sólo la fachada de una casa mucho más revuelta. Para comprobarlo, basta con leer alguno de los tres libros que se han publicado recientemente: dos desde la izquierda -o desde lo que se ha dado en llamar progresismo educativo- y uno desde la oposición política al socialismo. Los tres coinciden en una crítica demoledora a la LOGSE y a los elementos de ella que la nueva ley (LOE) perpetúa. En países que se toman más en serio la educación y que, de hecho, consiguen mejores resultados, se obligan a grandes pactos educativos, hasta el punto de que resulte imposible aprobar una ley de educación o cambiarla sin contar, al menos, con dos tercios del Parlamento. Una medida tan sencilla sería suficiente para garantizar un mínimo de estabilidad en el sistema. Primero, porque una ley así aprobada sería fruto de un consenso suficiente y evitaría que -como ocurre hoy- un sector amplísimo de la sociedad se sienta al margen o incluso desatendido. En segundo lugar, porque resultaría más difícil imponer por ley modelos educativos fuertemente ideologizados, más atentos a lograr determinados fines políticos que a educar según las necesidades de los alumnos y las libres preferencias, más que legítimas, de sus padres. Y por fin, porque padres, profesores y alumnos dispondrían de un instrumento que no cambia al albur de los acontecimientos políticos y, por tanto, les proporciona seguridad. pacosanchez@lavoz.es