CONFÍO en que el juez Garzón y los herederos del barón de Montesquieu me perdonarán por haberlos puesto en tan salvaje compañía, pero mi causa es, creo, digna de defensa: la de la ley, que protege la libertad de todos, frente a los que pretenden burlarla en defensa de intereses constitutivos de delito. Empezaré, pues, por Montesquieu, un filósofo francés del siglo XVIII, famoso sobre todo por haber desarrollado la teoría de la separación de los poderes como un medio indispensable para evitar el despotismo. En su obra más conocida, El espíritu de las leyes, escribe Montesquieu que, además del poder legislativo y el poder ejecutivo, existe otro, el judicial, cuya misión es aplicar las leyes del Estado y no crearlas. El francés explica esa idea con una fórmula de una inimitable claridad: el juez es, según él, «la bouche qui prononce la parole de la loi». Es cierto, por supuesto, que ni el juez es hoy ni ha sido nunca un mero aplicador mecánico del derecho que crea el parlamento. Pero aunque su papel no pueda reducirse al de esa «boca que pronuncia la palabra de la ley», ahí reside sin duda la fuente de legitimidad de su poder. Por eso, el juez que deja de aplicar la ley y opta por decidir con criterios políticos ajenos al derecho no se convierte en mal juez, sino sencillamente en un no juez, cuyas resoluciones quedan desprovistas del único elemento que las legitima en un Estado de derecho: su sujeción al imperio de la ley. ¿Qué dice la ley respecto de las actividades de la ilegalizada Batasuna? Es muy sencillo: que «tras la notificación de la sentencia en la que se acuerde la disolución, procederá el cese inmediato de toda actividad del partido político disuelto». Por si las previsiones del artículo 12 de la ley de partidos no fueran suficientes, Batasuna tienen además suspendidas todas sus actividades por orden judicial, como consecuencia del proceso penal que, iniciado por Garzón, afecta a su Mesa Nacional. Esa, y no otra, es la razón por la que la manifestación que Batasuna ha convocado para el próximo domingo no debe celebrarse en ningún caso: porque es un acto ilegal de un partido político disuelto y sujeto penalmente a suspensión de actividades. Comprobado que Batasuna es la convocante, lo que resulta palmario, el juez Garzón no puede hacer otra cosa que lo que ya hizo el pasado año el juez Marlasca: prohibir la manifestación de Batasuna. Porque, más allá de cualquier criterio de oportunidad, la ley y sus propias resoluciones le obligan a ello de un modo infranqueable. Actuar de otra forma sería convertirse en la boca que pronuncia la palabra del Gobierno.