LOS CUARENTA mil habitantes que destacan a Vigo sobre A Coruña no justifican en modo alguno la diferencia que se percibe en el comportamiento global de las dos ciudades, que en términos de criminalidad, conflictos sociales y laborales, accidentes de tráfico y demás indicadores, conforman dos urbes notablemente distintas. Mientras la gran ciudad del norte se desenvuelve y vive en medio de una envidiable tranquilidad provinciana, sin más sobresaltos que sus interminables atascos circulatorios, la ciudad industrial del sur empieza a dar señales de deterioro de su vida social, con una preocupante acumulación de asesinatos, delitos de narcotráfico, prostitución, violencia de género, y una extraña concentración de conflictos sociales y laborales que dan a entender que, bajo la apariencia de dos ciudades casi gemelas, se esconden realidades contrapuestas. Para que tal cosa suceda hay que suponer que se dan al menos tres circunstancias que conviene valorar. La primera, que Vigo constituye en este momento el principal polo de atracción de la inmigración y de las nuevas actividades económicas que se implantan en Galicia, por lo que también presenta una sociedad muy dinámica, menos integrada y en constante transformación. La segunda, que tanto su entorno inmediato como la proximidad con Portugal, la convierten en el centro de una amplia ciudad difusa en la que confluyen las ventajas e inconvenientes de una urbe de dimensiones mucho mayores de las que aparenta. Y la tercera, que carentes de un diagnóstico adecuado sobre lo que sucede, las instituciones encargadas de ordenarla y protegerla -Gobierno, Xunta y Concello- están escatimando recursos y efectivos que la ciudad necesita, olvidando que las definiciones administrativas -Vigo no es capital de provincia- y los números del censo -300.000 habitantes-, están muy lejos de reflejar todas las características que definen un hecho urbano. A falta de ulteriores precisiones, que deben ser importantes, Vigo es, hoy por hoy, nuestra «gallina de los huevos de oro». Y por eso nos interesa tanto que mantenga su crecimiento espectacular como el hecho de que ese crecimiento se haga sin romper las características de la ciudad abierta y acogedora que todavía es. Y por eso es urgente que las autoridades locales empiecen a reclamar el tratamiento y la protección que la urbe necesita. Porque, aunque es evidente que el problema desborda las competencias y posibilidades del concello olívico, también es verdad que es al poder municipal a quien compete el diagnóstico y la concienciación sobre la situación que todos padecemos. Porque estamos entrando en período de elecciones locales. Y porque mañana será tarde.