EN LOS DIVERSOS análisis disponibles sobre la distribución regional del esfuerzo en inversión pública, realizado a largo plazo, dentro de España (1964-2000), se comprueba que si Galicia partía de una inicial deficiente dotación relativa (en todo tipo de infraestructuras: autovías, redes de distribución de energía, educativas, sanitarias, ferroviarias, portuarias, culturales, deportivas, de comunicación, etcétera) en las últimas cuatro décadas -pese a las indudables mejoras en muchos aspectos- el esfuerzo inversor medio fue inferior al del conjunto del Estado; siéndolo aún más respecto a las regiones más ricas... que partían de mejores dotaciones relativas de esas infraestructuras. Es ésta una brecha acumulada que se hace necesario corregir cuanto antes para competir y alcanzar un mayor progreso económico y social. Sin descuidar el resto de los ejemplos anotados, dos de esas infraestructuras concentran la mayor necesidad inversora, en términos absolutos y relativos, para su homologación: son las ferroviarias y las portuarias. Hay aquí un abandono acumulado que afecta muy especialmente a nuestras posibilidades de desarrollo económico, productivo y de aprovechamiento de nuestra posición atlántica en la península Ibérica y Europa. Fijar un porcentaje -se habla del 8%- de la inversión anual del Estado en el nuevo Estatuto, ¿es una propuesta viable y segura para conseguir aquel objetivo? Respecto a su viabilidad existe un problema que creo sustantivo. Tanto en el caso catalán (el criterio es recibir inversión pública en función de la riqueza regional) como en el andaluz (que plantea recibir en función de la población), uno de los dos criterios -o una ponderación de ambos- son generalizables al conjunto de España... pero un porcentaje concreto no lo es. Si catalanes o andaluces pueden generalizar su interés bilateral, su fórmula lo permite, la nuestra no. Sería una absoluta bilateralidad, un traje solo a nuestra medida... o un trato excepcional. Complicado. Pero es que, además y sobre todo, un porcentaje se calcula sobre un total. De entrada esto tiene dos problemas no menores: ¿quién garantiza que en esa cifra se incluirá toda la inversión del conjunto de las administraciones públicas suprarregionales? Y aún en ese caso: ¿y si vamos derivando hacia -en un período de vacas menos gordas que en las últimas décadas- una contención del total inversor? Por una de ellas o por las dos vías nos encontraríamos con recursos insuficientes para acometer la tarea... si todo nuestro aval es un mero porcentaje del 8%.