LOS PODERES públicos están legitimados para tomar decisiones que convengan al bien común. Preservar la vida de las personas en el desarrollo del tráfico, cuando se halla amenazada por causa de conductas inadecuadas -habida cuenta de la incesante accidentalidad-, es razón bastante para el cambio normativo que ha incluido en la legislación española el sistema del permiso por puntos. La habilitación administrativa para conducir vehículos de motor no confiere derechos absolutos, y es de ahí que la merma del crédito de puntos pueda llegar hasta su pérdida de vigencia. El sistema se cualifica, desde luego, como un procedimiento esencialmente punitivo que se aplicará a partir de resoluciones sancionadoras firmes dictadas en procedimientos que se sigan por causa de infracciones graves y muy graves. Ciertamente, la norma invoca fines reeducadores a partir de cursos de «sensibilización», pero su operatividad es consecuente a la pérdida de puntos. De ahí que no deba perderse de vista el objetivo básico de castigar con más rigor las acciones antirreglamentarias que sobrepasan la levedad. Sirve entonces decir que la fuerza teórica del permiso por puntos descansa en el temor, un temor de signo positivo, en cuanto lleva a discernir lo que es falta grave en el tráfico y razón -además- para la resta de puntos, con el inevitable añadido de impedir -en su caso- el uso legal del automóvil. Decimos temor, pero no en referencia a la generalidad de conductores de vehículos, sino a una parte de ellos, aunque esta parte no resulte precisamente pequeña. Son conductores que, cuando menos, deben revisar sus hábitos en los modos de conducción, su valoración de las normas de tráfico -más allá de normas menores cuyo cumplimiento puede obviarse con cierta facilidad-, su sentimiento de impunidad cuando circulan sobre vías de segundo rango o cuando saben de la lejanía de los servicios de vigilancia, su falta, en fin, de criterio para notar la línea divisoria que separa la levedad de la gravedad en la comisión de faltas. Aunque vago e impreciso, este sentimiento de temor debe rondar alrededor de los conductores frívolos, displicentes, agresivos, que hacen de la carretera un territorio de uso libérrimo. Estos son los destinatarios del sistema que ahora comienza su andadura.