SI EN EL REFERÉNDUM gallego sobre el nuevo Estatuto de Autonomía queremos alcanzar una participación de, al menos, la mitad del censo electoral, el esfuerzo en convencer a la población de la importancia de implicarse y respaldarlo ese día dependerá, a mi juicio, de si en el texto se ventilan asuntos que reclamen a gritos su puesta al día. Sólo así el ciudadano podrá valorar su utilidad social y considerar que es algo más que un columpio en el juego de equilibrios políticos preelectorales. Pondré hoy tres ejemplos en esa línea, tres anacronismos, que reclaman en mi opinión una urgente puesta al día y de los que dependen asuntos de evidente interés social. Los tres están, además, relacionados, lo que debiera facilitar su comunicación y explicación motivadora a la ciudadanía. El primero hace referencia a la actual ruptura del territorio de Galicia en dos mitades. Una cuenca hidrográfica, Galicia Costa, dependiente de la Xunta, y otra incluida en la Confederación Hidrográfica del Norte (la del Miño-Sil), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y con sede en Oviedo. Cuando -hace 25 años- se aprobó el actual Estatuto de Autonomía de Galicia no se habían promulgado ni la vigente Ley de Aguas de 1985, ni la Directiva Aguas de la Unión Europea del 2000. El nuevo Estatuto debiera ajustarse a ambas y plantear una demarcación hidrográfica que integre la cuenca Galicia Costa y la nueva cuenca del Miño-Sil en las que, sin prejuicio de la coordinación y/o presencia de otras administraciones (central, autonomías limítrofes o de Portugal), el papel determinante en la gestión sostenible de los recursos naturales implicados sea cosa del Gobierno gallego. Y tal redefinición debe y puede ser compatible con una interpretación y encaje federalizante en la actual Constitución. El segundo anacronismo se refiere a la puesta al día de los plazos y condiciones ambientales de unas concesiones de explotación hidroeléctrica en la cuenca Miño-Sil que vienen del franquismo (que las daba a perpetuidad o a casi 100 años) y que hace 20 años -en la Ley de Aguas de 1985 (posterior también al actual Estatuto)- se rebajaron a 75 años, aunque prorrogables. Por eso, al menos en una disposición adicional o final, el nuevo Estatuto gallego debiera emplazar al Parlamento y al Gobierno español a ajustar esa Ley del Agua a nuevos plazos, improrrogables e inferiores, para la reversión al dominio público (tal como ha sugerido la Comisión Europea). Como se ve, es éste un ejercicio razonable de puesta al día en la memoria histórica de la nación. El tercer anacronismo se refiere a la ausencia -comprensible hace 25 años- entre las fuentes de financiación autonómica y los ingresos de la Xunta de Galicia de un apartado explícito que tenga como base el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y/o los daños ambientales (ocasionados o evitados) asociados a su uso sostenible. Sólo con este encaje global podremos ir, sin prisas pero sin pausas, desarrollando herramientas (un canon, tributos propios, fiscalidad verde...) que nos permitan poner esos recursos al servicio de nuestro crecimiento económico como país y -hecho esto- hacer que ese crecimiento sea sostenible: sea desarrollo social. Pero para hacerlo necesitamos superar el anacronismo del Estatuto actual de no hablar, en esta materia, de lo que es de nuestro máximo interés. La participación y legitimidad social para el nuevo Estatuto de Autonomía de Galicia creo que se ampliaría por estas tres vías y otras de semejante perfil. Como se ve, no son anecdóticas ni van de resesa jerga retórica. Animo a otros a ampliarlas. Por mi parte, casi estoy seguro de poder aportar alguna que otra más, y prometo que no tendrán ya relación con los ríos, los recursos energéticos o el medio ambiente.