EL ERROR del presidente de Fenosa ante la junta de accionistas negando la raíz gallega de la eléctrica le ha dado una ventaja táctica a la Xunta en el reto político más importante de la legislatura: frenar la explotación histórica de los recursos naturales de Galicia a cambio de aire más sucio y ríos cuarteados por diques de hormigón. Esta semana, López Jiménez se ha visto forzado a enmendar sus palabras e, instado públicamente por Touriño, ofrecerse a negociar sin condiciones previas. La primera victoria en el primer pulso ha generado en la Xunta un sentimiento de euforia que podría acabar con un ramalazo a lo Evo Morales, con jersey o sin él. Pero la precipitación y las prisas por apuntarse un tanto mediático llevarían al traste con una reivindicación justa e instalada en la conciencia colectiva de los gallegos como ninguna otra. La Administración debe cuidarse de no amedrentar al sector empresarial flirteando con medidas que generen inseguridad jurídica. Al contrario, utilizar la ley como método de presión. En vez de tener a los funcionarios en los despachos, se puede comenzar a realizar inspecciones sobre la potencia real actual de las turbinas de los embalses, de seguridad laboral, de medidas medioambientales... Se pueden abrir servicios para que Consumo envíe a inspectores a los domicilios privados (miles y miles en Galicia) que tienen razones fundadas para creer que pagan por una potencia instalada que no reciben... Se pueden ofrecer las futuras concesiones hidráulicas y de molinillos a sociedades participadas por la Administración... Las vías más seguras para presionar a la eléctrica están dentro del carril de la legalidad, cuyo cumplimiento ha sido tan laxo hasta ahora en materia energética como en la urbanística. Con la ley de su lado, empeño y lealtad mutua entre los dos conselleiros que torean al bicho (Medio Ambiente, PSOE; e Industria, BNG), la Xunta estará en disposición de conseguir una reversión para Galicia de la explotación de los recursos propios por el capital ajeno.