EN EL Forcarei de los años sesenta, cuando empezaron a realizarse las primeras gestiones para el cobro de pensiones, había mucha gente que se extrañaba, e incluso se ofendía, si le pedían una fe de vida. Y lo mismo pasaba cuando, por cuestiones de herencia, se les pedía el certificado de defunción de una persona que llevaba muerta veinte años. A ellos les parecía que lo verdaderamente importante era el hecho de estar muerto o estar vivo, y no entendían que el certificado que extendía José Míguez -que así se llamaba el oficial del juzgado- pudiese modificar en nada un hecho trascendente que dependía directamente de la providencia divina. Pues algo parecido sucede hoy, si me permiten la metáfora, con el final de ETA, cuando los españoles estamos divididos en dos grupos: los que creen que lo importante es acabar con ETA, ¡y punto!; y los que creemos que la muerte de ETA no vale de nada si no se extiende el certificado de defunción, por cuya virtud han de producirse los efectos civiles y políticos que estamos buscando. A ETA -lo sabemos todos- la mató la policía, la aplicación de las leyes penales, el aguante democrático de la sociedad española y la oprobiosa dimensión que tomó el terrorismo a partir de los atentados del 11-M. Pero ahora falta el certificado de defunción, que es el que estamos buscando a través de unas complejas conversaciones que, después de tres años sin atentados mortales, deben dejar constancia plena y eficiente de la desaparición de la banda. Vistas las cosas así, las conversaciones con ETA no deberían analizarse desde la perspectiva trascendente que implica la victoria sobre el terrorismo y la muerte, sino desde la perspectiva más pedestre y burocrática de quien trata de certificar un hecho que debe favorecer la reintegración del nacionalismo aberzale a la realidad democrática. Los que hemos defendido la necesidad de llegar a este momento, y los que avisamos en su día del duro coste moral que iba a tener este paso si había que darlo en el marco de la ley antiterrorista, no lo hicimos por creer que se trataba de un acto de justicia o de eficiencia militar contra ETA, sino por estar seguros de que, de acuerdo con todas las experiencias conocidas, ninguna guerra se acaba hasta que se firma la paz, ningún terrorismo se extingue hasta que se proclama jurídicamente su fin, y ningún vecino de Forcarei puede heredar hasta que se certifique la muerte del testador, aunque todo el pueblo se haya reunido para celebrar su funeral y llevarlo al Monte Miau doblando las campanas. La política es más sencilla de lo que parece. Y solo tiene respuestas imposibles cuando, como ahora le sucede a Rajoy, se hacen mal las preguntas.