AYER fue el día de la autonomía andaluza. Su Estatuto se sometió al examen de admisión a trámite. Como es habitual en los últimos tiempos, los combates dialécticos se cerraron con una conclusión pertinaz: lo que es bueno para socialistas y nacionalistas, es penoso para el PP. «Un día muy triste para la democracia», sentenció Javier Arenas, que ayer sufrió la amargura de la función pública: verse obligado a hacer declaraciones y defender una postura al tiempo que su padre agonizaba en Sevilla. Habrá oportunidad para analizar si ese estatuto es tan pernicioso como dice la oposición. No quiero caer tampoco en la glosa del nuevo encontronazo entre Zapatero y Rajoy, por vistoso que haya resultado. Hoy importan, como asunto de fondo, las condiciones en que ese proyecto de Estatuto ha entrado en el Congreso. Ha entrado con el consenso mínimo. Sólo está respaldado por los escaños de la izquierda del Parlamento andaluz: los del PSOE, gobernante, e Izquierda Unida. Quedan fuera el Partido Andalucista y el Popular: el 40% de la Cámara. El citado Javier Arenas volvió a decir una frase lapidaria: «Se tiran por la borda 25 años de consenso estatutario». Se podrá discrepar del fondo de la crítica de Arenas, pero su diagnóstico es cierto y no se debe reducir al marco andaluz, sino ampliarlo al conjunto de España. Se está reconstruyendo el marco legal del Estado de las Autonomías, y se hace de la forma contraria a la que dio tan buenos resultados de convivencia y aceptación. Se impone una mayoría, y se queda fuera el resto, casi la mitad del país. Cuando eso ocurrió en las diversas constituciones fracasadas de nuestra historia, tuvieron una vida limitada y sólo sirvieron de base al enfrentamiento entre facciones. Sólo ha funcionado largamente la Constitución de 1978, porque fue producto del diálogo y la capacidad de renuncia de todos. ¿Vamos a repetir las peores experiencias históricas? Estamos en ello, en la medida en que los Estatutos son las pequeñas constituciones de las comunidades. Y un agravante: hasta ahora era una norma no escrita, pero comúnmente aceptada, que para aceptar un Estatuto a debate en el Congreso, debía salir del Parlamento autónomo con un gran respaldo. La ausencia de ese respaldo justificó el rechazo al Plan Ibarretxe en Madrid. ¿Qué están haciendo ahora, qué han hecho ayer, con el ejemplo andaluz? Han instigado al mismo lendakari Ibarretxe a que vuelva a presentar su plan como la otra vez: con mayoría exigua, pero tan legal en la práctica como la andaluza. ¿O es que un escaño del País Vasco vale menos que un escaño de Andalucía? Peligroso precedente. La clase política actual está haciendo cosas de las cuales se tendrá que arrepentir.