LOS NIÑOS de mi generación fuimos unos adictos a los productos Maggi, una marca de alimentación muy extendida en los hogares españoles en los años setenta. Y, de forma especial, de sus sopas de letras. Viene esto a cuenta de la proliferación de una variadísima sopa de letras constitucionales con que nuestra clase política se supera, día a día, al hilo de los procesos de reforma estatutaria. Si en un primer momento las expresiones quedaban circunscritas -aunque dieron bastante juego- a las de nación, regiones y nacionalidades, referidas a la nación española y a las comunidades autónomas, hoy las nomenclaturas no tienen fin. Incluso algunos estatutos de autonomía, como el de Galicia, añadieron al sustantivo nacionalidad la adjetivación de histórica, como recordatorio de su especialidad. Mientras otros, como el de Aragón, se conformaban con ser entidad regional histórica, y luego, comunidad histórica. Las cosas empezarían no obstante a cambiar tras el Plan Ibarretxe, que configuraba al País Vasco como Estado libre asociado. Después vinieron las apelaciones a las comunidades nacionales, al Estado plural o Estado plurinacional, y la caracterización de España como Nación de naciones. Y ahora hemos brindado al acervo constitucional una novísima aportación: la de realidad nacional del Estatuto de Andalucía. Unas reclamaciones acompañadas, en su caso, con la paralela potenciación identitaria de las propias lenguas. A este sentimiento responden las políticas proactivas a favor de la fabla aragonesa o el bable asturiano. Aunque pervive -¡no nos podíamos privar de ella!- la fratricida pugna entre el catalán y el valenciano. Nos encontramos, pues, ante un proceso in crescendo. Arrancamos con las comunidades autónomas o nacionalidades, para llegar a la nación catalana o a la realidad nacional andaluza. Sólo escapan a este escogido club de los nacionalizables -permítaseme mi deseo también de pasar a la posteridad-, las comunidades de Extremadura, Madrid, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Es verdad que renombradas voces rebajan la relevancia de tales calificativos. Valgan, por ejemplo, la obra de Álvarez Junco, El nombre de la cosa, o la de Anthony D. Smith, Nacionalismo: teoría, ideología e historia. Pero la cuestión de los nombres no es irrelevante. Ni tampoco que las plurales polisemias de dichos términos, ciertas en el ámbito teórico de la historia de las ideas políticas, no se dan cuando se delimitan las realidades políticas en el contexto de cada Estado y de su concreta constitución. Y aquí no hay discusión: nación no hay más que una, y ésta es la española. La única configurada como Estado, y soberana para fijar su marco político de convivencia; o sea, la Constitución de 1978. Siendo esto así -nos preguntaríamos-, ¿para qué tanta jerga entonces? La razón la explicaría bien Bertrand Russell: «Muchos hombres cometen el error de sustituir el conocimiento por la afirmación de que es verdad lo que ellos desean».