ENTENDER cómo se financian las comunidades autónomas es asunto complejo que exige conocimiento especializado. Naturalmente, las cosas se facilitan cuando la explicación es precisa o cuando existe interés ciudadano por saber cómo funcionan las instituciones. En lo que sigue expondré mi opinión al respecto, porque la aprobación en cadena de estatutos de autonomía invita a ello. En este sentido, parece útil distinguir dos bloques o categorías de ingresos dentro del sistema general de financiación autonómica: a) la financiación para el bienestar, y b) la financiación para el desarrollo. La financiación del bienestar constituye el núcleo básico de los ingresos autonómicos, al afectar a servicios y competencias transferidas con dimensión relevante en el bienestar social (sanidad, educación, cultura, vivienda, servicios sociales, etcétera). En la comunidad gallega, esta financiación absorbe el 80% del presupuesto. La naturaleza de los servicios mencionados exige acuerdo amplio y financiación inspirada en principios de igualdad, suficiencia, equidad, transparencia y colaboración institucional. Hoy es difícil -por razones constitucionales y políticas- defender con éxito cualquier proceso alternativo. O sea, la financiación del bienestar exige ser negociada de forma conjunta entre el Estado y las comunidades autónomas para cuantificar las tres magnitudes clave que están en juego: necesidad de financiación (coste de los servicios), tributos cedidos (porcentaje, capacidad normativa y gestión) y subvención niveladora (fondo de suficiencia) que ajusta el sistema. La financiación del desarrollo es menos reglada e incorpora la negociación bilateral. Sus recursos proceden del FCI (Fondo de Compensación Interterritorial), de los fondos europeos, de la inversión estatal y de la inversión autonómica. Es decir, la financiación del desarrollo sería aquella que sustenta al proyecto estratégico de crecimiento y empleo que los gobiernos autonómicos deben ofertar a sus ciudadanos. Una financiación que se robustece siempre con la solvencia del proyecto y la colaboración institucional. Estamos pues ante un espacio sugerente para la política y el buen gobierno. Porque los recursos citados pueden financiar comportamientos miopes o de clientela, como en ocasiones los hechos evidencian, o bien canalizarse hacia el desarrollo, el equilibrio territorial y la eficiencia. La financiación autonómica entra así en nuevos y más exigentes escenarios de libertad, responsabilidad y solvencia. Con los ajustes y revisiones periódicas que los sistemas descentralizados exigen. Pero también con las obligaciones y deberes que la madurez institucional demanda. Lección difícil, pero necesaria, que a todos interesa y conviene.