EN ESTOS momentos el Poder Judicial, mal que bien, viene consiguiendo mantener el sistema democrático de modo que España no devenga en república bananera como Bolivia o Venezuela, principales aliadas del gobierno en Hispanoamérica. La Judicatura ofrece alguna esperanza a la ciudadanía, que observa como hasta ahora el Gobierno y su aparato mediático vienen degradando las instituciones constitucionales, incluida la propia libertad de expresión. Y con resoluciones como la de los detenidos políticos del caso Bono o la de la opa está recordando al Ejecutivo que en un Estado de derecho no vale todo y que al menos hay que cubrir ciertas formas. Mientras, el Parlamento, otrora factor progresista, más que atender los principales problemas sociales, actúa para dar cobertura política a los lamentables acuerdos secretos entre Zapatero y los nacionalistas, incluso la rama política de ETA. Es una pena que tengamos que añadir el escándalo de la excarcelación forzosa del procesado Saed el Harrak a una instrucción judicial como la del juez Del Olmo, que parece un fiasco monumental, pues resulta poco creíble para el común de la ciudadanía que las huestes de Bin Laden, que supuestamente se nos repitió habían provocado la terrible masacre del 11-M por solidaridad islámica contra la guerra de Irak, frecuenten más y mejor la fabada o las drogas que el Corán. Ha habido otras pruebas importantes para la credibilidad de las instituciones a lo largo de los últimos años. Así, por ejemplo, la instrucción del sumario de Filesa, en la que el poder político de la época hizo todo lo posible por estorbar la labor del juez Marino Barbero. Pero el 11-M es el mayor atentado de la historia reciente de España y, además de tantas víctimas, ha supuesto un cambio de Gobierno y quizás también de régimen. Hasta ahora cada escándalo tapa al anterior, y en ello fían algunos para ganar tiempo y torear. Pero no cabe otra: hay que depurar responsabilidades por tan graves fallos en asunto tan sensible e importante.