YA TENEMOS un nuevo y grave conflicto entre el Partido Popular y el Gobierno. El señor Acebes ha hecho una acusación a Zapatero que, de ser cierta, revelaría comportamientos de república bananera: practica «la persecución al PP sin ningún límite». Según la tesis de Acebes, el Gobierno habría usado a la Policía contra sus militantes, con el fin, supongo, de demostrar que el PP utiliza técnicas de extrema derecha. La historia procede de la famosa agresión a José Bono en una manifestación de la Asociación Víctimas del Terrorismo en enero del 2005 y lo que vino después: dos militantes del PP fueron detenidos. Y ahora, el comisario, el inspector y el agente que practicaron esos arrestos han sido condenados a penas de cárcel e inhabilitación por detención ilegal, falsedad en documento y coacciones. Con ello, el PP ve confirmada su tesis. Es la oportunidad de oro para abrir otra bronca. El instinto político de Acebes hizo que no perdiera ni un minuto en aprovecharla. Si los populares consiguen demostrar que hubo, efectivamente, persecución política, tienen hecha media campaña. Por ello, no es extraño que anuncie la exigencia de responsabilidades políticas. La primera víctima ya está servida: el delegado del Gobierno en Madrid, el gallego Constantino Méndez, que ha tenido el gesto de presentar su dimisión. Se pedirán cuentas a quien era ministro del Interior, José Antonio Alonso. Y se desembocará en Zapatero, que es la gran pieza a batir en cualquier cacería. Para este cronista, la sentencia de la Audiencia de Madrid suscita una duda: si hubo, como se dice, instrucciones políticas para la detención de los militantes del PP, ¿por qué cierra el caso en las responsabilidades de los tres policías? ¿Por qué no se apunta más alto? Al dejar las cosas así, transfiere todo el fondo del asunto al debate político. Y el debate político va a ser el que apuntaron ayer los dirigentes del Partido Popular que se pronunciaron: el Gobierno, en alguno de sus ámbitos, es el auténtico culpable, porque ha utilizado a la policía con fines de partido. Hoy mismo podrá comprobar el lector el éxito mediático de esta tesis. Aparece, por tanto, un nuevo factor que anuncia crisis política. Ahora no estamos ante un discurso de mitin. Estamos ante una sentencia. Y si una sentencia habla de presiones políticas con resultado de delito en forma de detención ilegal o de coacciones, ¿qué podemos esperar? Una difícil situación del Gobierno. Tan difícil, que deja pequeños los problemas de los Estatutos, la opa de Gas Natural o la cuestión territorial. Tendría narices que Zapatero hubiera sorteado esas cuestiones de Estado y fuese a caer en una torpeza policial.