NO ES necesario saber derecho ni tener una sensibilidad jurídica especial para conocer que la eficacia de la ley reposa en democracia sobre el principio de igualdad. Lo que quiere decir, entre otras, una cosa bien sencilla: que las normas no pueden interpretarse teniendo en cuenta más criterios de oportunidad que los que, por estar fijados previamente por la ley, actúan como criterios de legalidad en su concreta aplicación. La legítima defensa, la premeditación o la relación de parentesco son, todos, elementos a los que el legislador -y, por su mandato, los tribunales de justicia- prestan atención para adaptar el principio de igualdad a las circunstancias que concurren en un caso. Pues, aunque tenga idénticos resultados objetivos, la diferencia entre matar con premeditación y hacerlo en legítima defensa, es algo que entiende todo el mundo. O, mejor, casi todo el mundo. No, al parecer, los diputados que forman mayoría en el Parlamento de Vitoria, que, en su línea habitual de equiparar la ley y el chicle, votaron el viernes una resolución instando al Estado a retirarse del juicio contra el entorno de ETA militar. Afortunadamente, no sólo el PP, sino también el PSE, votaron en contra de tan delirante pretensión, pese a que el día anterior el inefable Patxi López había pedido a los jueces flexibilidad si ETA abandonaba sus acciones criminales. ¿Flexibilidad? ¿Retirada del Estado? ¿Qué quieren decir todos los que, desde el día en que los encapuchados de ETA anunciaron su alto el fuego, vienen pidiendo que la ley se aplique en atención a las nuevas circunstancias?. ¿Quieren decir, quizá, que los policías, jueces y fiscales prevariquen y dejen de cumplir con su taxativa obligación? ¿O que se juzgue a quien ha cometido, digamos, diez asesinatos, teniendo en cuenta su voluntad de no cometer ninguno más si ETA da por cancelada la existencia del «conflicto»? Sí, posiblemente quieren decir eso y mucho más. Y lo hacen tan tranquilos porque todos se han criado en un ambiente de constante y descomunal desprecio por lo que la ley significa en un Estado de derecho: nada saben de la ley porque durante años han visto como la ley se violaba en su entorno con total impunidad, porque han aceptado como una cosa natural que los pistoleros se hicieran dueños de los pueblos mientras los ciudadanos vivían su terror en la más completa soledad. Es esa anomalía social espeluznante, de la que el País Vasco tardará en recuperarse muchos años, la que explica ese desprecio absoluto por la ley, que ha crecido como un monstruo allí donde ha imperado sólo la ley de los más fuertes, es decir, la de la selva.