NADIE DUDA que los empresarios sean un bien escaso. Pero tal aserto descriptivo y pedagógico, enunciado por Felipe González en momentos de baja valoración social del empresario, no lleva aparejado un eximente para quienes no hacen suyas las exigencias de responsabilidad social de la empresa. Sostiene el profesor Carmona que una de las principales ventajas diferenciales de Galicia como localización industrial en los años 50-60 se debió a la visión estratégica de Pedro Barrié de la Maza y su grupo financiero al desarrollar la gran industria eléctrica en Galicia. Aquí había energía eléctrica disponible, y en el resto de España, no. Pero la situación ha cambiado, y Galicia -de acuerdo con María Loureiro- sigue siendo una gran productora de energía: un 10% de la térmica total de España, y un 25% de la hidráulica. Y seguimos exportando hasta un 30% de nuestra energía. Pero al tiempo, somos dependientes, pues importamos hasta un 70% de la energía primaria. Hay otra singularidad energética, la demanda interna: el conjunto de España consume el 40% en usos industriales; en Galicia destinamos a tal fin el 60%. Sorprende, pues, un discurso que empieza a circular en los últimos días con inusual reiteración. Empresarios que acuden a la deslocalización como estrategia, o cuando menos a su utilización como argumento, bien por costes energéticos o por exigencias de sostenibilidad industrial. Ante causas y situaciones varias. Mientras que otras grandes empresas, como la automoción, distancian la deslocalización de su horizonte. Podría todo ello interpretarse como resistencias a una incipiente y nueva política industrial que además del empleo y la generación de riqueza pretenda insertarse en los principios de la sostenibilidad, la ordenación territorial y los retornos eficientes, tanto de la inversión pública -subvenciones o ayudas- como de los bienes de uso público que todo gobierno debe administrar. Por ello, es de agradecer que quien gobierna formule, lejos de la barra libre, y también del intervencionismo, las exigencias de responsabilidad social que corresponden a los gobernados. Incluidos quienes desarrollan actividades industriales. Deslocalización frente a sostenibilidad suena a rancio. Y el uso del empleo como argumento, escaso.