POR LO que se ve, no hay manera. Los días anteriores a Semana Santa se cerraban con una remodelación del Gobierno y con la aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Una Ley que no ha sido capaz, sin embargo, de alcanzar más allá de un escuálido cincuenta y cinco por ciento de respaldo parlamentario en las Cortes Generales. Lo contrario de lo que debe ser una normativa que pretende la ordenación, ni más ni menos, que del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, ambos de forma concurrente, de los ciudadanos del futuro. Y es que, si bien nuestra Constitución se caracterizó -¡Qué añorados tiempos los de la transición política y la elaboración de la Carta Magna de 1978!- por haber tratado de dar respuesta, de manera coparticipada y generosa, a las viejas cuestiones enquistadas de un convulso constitucionalismo (forma de Estado, modelo de organización territorial, libertad religiosa y educación), el desarrollo legislativo ha sido, en esta última materia, desafortunado. ¿Cómo si no se puede explicar que hayamos conocido al día de hoy ¡sí, seis regulaciones! Y además, por si el despropósito fuera poco, de contornos antitéticos. Primero fue, en tiempos de Unión de Centro Democrático, la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980. Después, y ya con el Partido Socialista Obrero Español, la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 y la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes de 1995 (LOPEGCE). Para, con el Partido Popular, promulgarse la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) de 2002. Una Ley, por lo demás, y dada la victoria del Partido Socialista en los comicios de marzo del 2004, inaplicada inmediata y radicalmente. Esto es, una norma, de facto non nata. ¡Tocamos, por tanto, a una ley cada menos de cinco años! Y ahora, reseñábamos, la próxima legislación de momento: la Ley Orgánica de Educación (LOE). Y eso que no me detengo en las dispares Leyes universitarias, que tampoco han sido pocas: la Ley Orgánica de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, y en tramitación, la Ley Orgánica de Reforma de Universidades, pero que sigue su iter con más pena que gloria, mientras se dilata la puesta en marcha del marco europeo de educación superior. Con una circunstancia añadida en la actualidad: ¡Nada más aprobarse la Ley Orgánica de Educación, el presidente del Gobierno prescinde de la ministra del ramo! En fin, un dislate que llevamos pagando de manera grave. ¡Basta con leer los desoladores informes de la OCDE referidos a España! En consecuencia, lo menos destacable, aún siéndolo, no son las críticas al fondo de la misma -la rebaja del esfuerzo personal, la fragmentación del modelo o el paso atrás en sus criterios de calidad- sino la imposibilidad de hacer una valoración continuada, en un aspecto tan destacado para un país, como es su sistema educativo. Una idea reclamada también desde el Consejo de Estado, en tanto que máximo órgano consultivo del Gobierno, y mucho antes ya, en 1693, por John Locke (Pensamientos sobre educación): «El bienestar y la prosperidad de las Naciones depende principalmente de educar bien a los niños». Así las cosas, ¿es tan difícil suscribir, de una vez por todas, un Pacto por la Educación? ¡Los padres educadores y discentes lo requerimos!