UNO DE los artículos más trascendentales de la recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación (LOE) es el referido a las enseñanzas y horarios mínimos que corresponde fijar al Estado, con el fin de asegurar una formación común para todos los españoles y garantizar la validez de los títulos académicos. Esta cuestión no es nueva, pues ya fue objeto de polémica con anteriores leyes orgánicas, actualmente a punto de ser derogadas por la LOE; pero puede complicarse ahora bastante más, en el desarrollo de esta última ley, teniendo en cuenta los difíciles momentos que atraviesa el Estado de las autonomías. Es, por lo tanto, responsabilidad de la Administración central determinar cuáles son los conocimientos básicos y comunes que deben adquirir todos los alumnos, independientemente de la comunidad autónoma en que vivan, con el fin de mantener la vertebración del sistema educativo. Con posterioridad, los gobiernos autonómicos, en un segundo nivel de desarrollo y respetando esos mínimos estatales, elaborarán su propia programación o currículo que tendrá los últimos grados de concreción en el centro docente y en el aula. Este proceso es necesario para preservar la identidad propia de cada región, al mismo tiempo que se mantiene la cohesión territorial, legitimada por la Constitución, mediante la compatibilidad de los principios de unidad y autonomía. Las singularidades y diferencias entre las comunidades autónomas son necesarias, pero no pueden sustituir a los conocimientos comunes a todo el Estado. Si la definición de las enseñanzas mínimas se hace con carácter demasiado amplio, flexible o ambiguo, pueden surgir programaciones dispares entre las diferentes autonomías, especialmente en el ámbito de las humanidades (historia, geografía, literatura, etcétera). Un alumno que cambie de lugar de residencia se encontrará con unos programas y unos libros de texto muy distintos a los que utilizaba en su comunidad autónoma de origen, con el agravante de que lo que haya estudiado anteriormente podría servirle de muy poco en su nuevo centro docente. Además, los contenidos fundamentales pueden ser parciales, al reducirse a un ámbito geográfico limitado e incompleto. Por otra parte, una programación de este tipo choca frontalmente con la mentalidad abierta que demanda nuestra sociedad de la información y de la comunicación. Como dice Cortina, la educación hoy debe formar a ciudadanos del mundo. Los jóvenes viajan a diferentes regiones y países para estudiar o trabajar; participan en programas intercomunitarios y europeos; aprenden nuevas lenguas; en una palabra, su formación, sin renunciar a la propia identidad, se enriquece con otras culturas. No debería hacerse una equivocada interpretación de la autonomía educativa. Ésta no es un nuevo proceso de centralización autonómica que pueda prescindir de la programación estatal o desarrollarla con una visión parcial y disgregadora. Es necesario, por lo tanto, que se definan y respeten unas enseñanzas mínimas comunes con el mayor nivel de concreción y objetividad posibles. El Ministerio de Educación y Ciencia, protagonista indudable de este trabajo, debería fomentar previamente un auténtico diálogo en órganos tan importantes como la Conferencia de Educación o el Consejo Escolar del Estado. Al final, los resultados repercutirán directamente en nuestra educación, quizás el servicio social más sensible. Y España necesita con urgencia, precisamente, conseguir una buena formación básica para salir de la cola de Europa.