EL PRIMER dato a tener en cuenta sobre la tregua es que ETA ya realizó declaraciones de este tipo tres veces antes en su historia. En todos los casos volvió a asesinar, secuestrar y extorsionar al comprobar que no lograba sus objetivos en la mesa de negociación. Hay un segundo dato. Los terroristas han ofrecido treguas a todos los gobiernos de la democracia. A finales de los ochenta, con Felipe González en la presidencia, el alto el fuego duró lo que las conversaciones de Argel. Diez años más tarde reanudaron los atentados tan pronto se cortó el contacto con el Gobierno de Aznar. Ambas evidencias obligan a ser cautelosos y no bajar la guardia ante el nuevo anuncio. La declaración de una tregua no equivale a la extinción de ETA ni presupone que renuncia al terror. Antes bien, como prueba su historia, la banda se reserva la opción de volver a matar si las conversaciones no dan los frutos que persigue. Lo hace, además, robustecida, ya que los períodos de alto el fuego le permiten recuperar el resuello. Ahora bien, advertido esto, es también obligado señalar varias circunstancias nuevas que colocan a los etarras ante una situación límite que hace verosímil la hipótesis de que, esta vez sí, la tregua carezca de marcha atrás. Son, en esencia, el acuerdo entre el IRA y el Gobierno inglés, la irrupción en Occidente del terrorismo islámico, los efectos de la ley de partidos y la actitud del Gobierno. Acuerdo en Irlanda. La salida irlandesa convierte en una anomalía anacrónica la existencia de grupos armados en Europa. Además, ha tenido un efecto pedagógico demoledor para la moral de los activistas de ETA, pues si el IRA, más implantado y mortífero, no logró la rendición del Estado inglés, menos podría lograr ella doblegar al español. El 11-S y el 11-M. La lucha contra el terrorismo se intensificó a partir de estas fechas, con mayor implicación y coordinación de Estados y organismos internacionales. Pero, además, la brutalidad indiscriminada del terrorismo islámico, que requiere carnicerías colectivas, empequeñece los atentados que no la igualan, encareciendo su rentabilidad publicitaria. Al mismo tiempo, multiplica los costes personales que paga todo terrorista por serlo. Ley de partidos. La presión del Estado, haciendo tenaza con medidas legales firmes y actuaciones contundentes en el plano policial, socavó la cúpula de ETA, estranguló su capacidad operativa, cegó sus vías de captación de nuevos miembros y dejó sin oxígeno a su entorno político. Cercada judicialmente, excluida de las instituciones y próxima a la extenuación financiera, Batasuna no hizo sino tambalearse. Crisis en HB. La suma de estas circunstancias sembró desencanto y defección entre bases y cuadros de HB, obligando a sus jefes a convencer a la banda de que sólo el cese de la violencia evitaría el colapso de su espacio electoral. Dicha demanda se ha podido ver favorecida por el liderazgo que en este momento ejerce en ETA Josu Ternera, quien, con mayor preparación política que otros pistoleros, se habría empeñado en explorar zonas de acuerdo con el Estado ante la evidencia de que no puede derrotarlo con bombas. Disposición del Gobierno . El último eslabón de este escenario lo aporta el Gobierno. Se distanció de la política antiterrorista diseñada por Aznar y buscó cobertura en el Congreso para dialogar con la banda si ésta anunciaba el fin de la violencia. Además, personas de la confianza del presidente han estado hablando con «intermediarios» de ETA, abocándola así a no defraudar las expectativas que éstos hayan podido engendrar en dichas conversaciones.