A MITAD prácticamente de la legislatura, salida de unas elecciones afectadas por la conmoción de la masacre del 11-M, valdría la pena preguntarse por el grado de confianza que en estos dos años han ofrecido las instituciones que constituyen el vario tejido del Estado. Si comenzamos por la Cortes generales, el clima que se ha instalado en ellas marca tan alta temperatura que no resulta recomendable para la salud democrática. Demasiada crispación, acantonamiento numantino en las posiciones, que se repiten monótonamente para el cansancio y el desinterés de los ciudadanos. La rigidez de la disciplina en los grupos parlamentarios hace tiempo que ha puesto en evidencia el dominio del poder ejecutivo sobre el legislativo. El color partidario cubre zonas que deben identificarse por la nota de la independencia, como el poder judicial. El presidente del Tribunal Constitucional no tiene que explicar la evolución de la jurisprudencia ante el Congreso de los Diputados. Pero ha de reconocerse también que los miembros del Consejo del Poder Judicial proyectan con frecuencia la imagen de que funcionan como si pertenecieran al partido político a cuya iniciativa fueron nombrados. Cualquier propuesta divide en dos bloques que se asemejan funcionar como gobierno y oposición. Este comportamiento no favorece la confianza en quienes tienen como norte de su actuación la justicia, representada en la alegoría de una balanza equilibrada. Los nombres de las legítimas asociaciones de jueces y fiscales son traducidas con connotaciones partidarias que generan perplejidad en los ciudadanos que confían en la imparcialidad de los servidores de la ley. Por ello, resulta desorientador que nombramientos o separaciones de fiscales se presenten con el objetivo de buscar un equilibrio entre distintas sensibilidades, que rebasa la idoneidad profesional. En un Estado democrático de derecho, como el español, son necesarios entes que, en el ámbito de la Administración, respondan a la condición de independientes respecto del Gobierno, en determinados sectores que, por su relevancia, requieran de la confianza social (radiotelevisión, energía nuclear, tratamiento automatizado de datos). La privatización de fundamentales servicios públicos -gas, electricidad, telecomunicaciones- revela la importancia de los entes reguladores en relación con el correcto funcionamiento del mercado. Hechos bien recientes, con motivo de la opa de Endesa, arrojan sombras sobre su independencia. El pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Energía y los votos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, resultan sumamente ilustrativos. El del presidente, nombrado por el actual Gobierno, difiere del de la mayoría de los vocales provenientes del anterior. La independencia debe prevenir de ser correa de transmisión de quien nombró, sea gobierno u oposición. Por eso, es conveniente una cierta concertación para determinados nombramientos, cuyo mandato rebasa el de una legislatura, como se hizo en el del Defensor del Pueblo y, por lo mismo, no sorprende que haya suscitado recelos la candidatura de un secretario de Estado a gobernador del Banco de España. Aunque discutida la propuesta del nuevo código de buen gobierno de exigir un número determinado de consejeros independientes en las empresas, la existencia de éstos es razonable, siempre que no se traduzca en una imposición. La defensa independiente de los intereses de pequeños accionistas, de impositores, de usuarios y consumidores es una tarea necesaria en una sociedad desarrollada. La madurez de una democracia necesita de esa independencia, al servicio del interés general, sin condicionamientos partidarios ni clientelares.