GRACIAS a la fuerte presión de los sindicatos europeos, el Parlamento de Estrasburgo ha introducido fuertes recortes a las medidas regresivas que pretendía introducir la directiva de liberalización de servicios propuesta por la Comisión Europea. Conocida como directiva Bolkestein, en referencia al ex comisario holandés que la formuló, representaba un engendro social de tal calibre que se popularizó justamente como Frankenstein. Con Frankenstein se pretendía acelerar la desregularización, erosionar gravemente los derechos y la protección de los trabajadores, así como deteriorar la provisión de servicios esenciales a los ciudadanos europeos. Particularmente significativo era el principio del «país de origen» -contemplado en el proyecto de directiva y rechazado por el Parlamento Europeo-, según el cual una empresa de un Estado podía prestar servicios en otro Estado diferente y más avanzado, pero manteniendo las condiciones salariales, sociales y medioambientales del país de procedencia. Pero no todos los problemas han desaparecido con el varapalo que el Parlamento Europeo le ha propinado a Frankenstein. Algo parecido a lo que se pretendía con la propuesta inicial de la Comisión podría lograrse a través de la directiva 96/71 (CE) sobre desplazamiento de trabajadores. No debe olvidarse que está pendiente en el Tribunal de Justicia Europeo un caso importante y paradigmático: la pretensión de una empresa letona de construir una escuela en Vaxholm (Suecia) con salarios y condiciones de trabajo letones amparándose precisamente en la directiva 96/71, a pesar de la opinión en contra de los sindicatos y del propio Gobierno sueco. Además, a partir de ahora se abre el procedimiento de «codecisión legislativa» con el Consejo Europeo, en cuyo trámite varios gobiernos pretenderán modificar el texto salido del Parlamento en un sentido contrario al de los intereses sociales. Todo esto sucede porque las instituciones europeas, desde la década de 1950, nunca han hecho de la política social una política común, un criterio de convergencia. Las diferencias de desarrollo social existentes entre los países de la Unión hacen del dumpin social un peligro real para los países más avanzados. Las diferencias salariales, laborales, sociales y medioambientales, unidas a la libre circulación, provocan una presión a la baja sobre los sistemas de protección social. En la práctica, esto ha llevado a las instituciones comunitarias a elaborar normas acordes con las legislaciones menos avanzadas y, en muchos casos, ha permitido a los gobiernos de los países más desarrollados justificar el recorte de las conquistas sociales en nombre de la construcción europea. El debate sobre Frankenstein es una ocasión inmejorable para realizar una reflexión de fondo sobre el rumbo que ha tomado el proceso europeo. Porque, como han demostrado tanto el referéndum francés como el holandés, no será posible la construcción de la Europa política a costa de una terrible y devastadora regresión social.