ALGUNOS POLÍTICOS y ciertos comentaristas disparan sus lenguas con tal saña contra el discrepante que parecería que entre los contrarios estuvieran infiltrados todos, o cuando menos la mayor parte, de los que ocasionaron las más de ochocientas víctimas de ETA. De cuando en vez, desde el verdadero enemigo llegan mensajes nítidos, como el de hace unos días de que la autodeterminación es elemento indispensable para negociar, o las últimas palabras del aberzale Pernando Barrena, que considera imposible, si hay proceso de paz, que continúen presos etarras en las cárceles en el 2010 o el 2020. Cuando se les ve exultantes y optimistas, uno nunca sabe si los batasunos dan a sus fuerzas de choque más peso del que les concedemos los otros o si es que saben más que los restantes ciudadanos sobre las formas que tomará el eventual final de este proceso. Algunos no queremos creer que el Ejecutivo de Zapatero pueda haber dado un solo paso que se parezca a la negociación, vedada parlamentariamente hasta la entrega de las armas, pero se nos hace cuesta arriba la creencia a pies juntillas después del oscuro episodio de la legalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, que pareció siempre más una concesión que la estricta aplicación de la ley vigente. La posible negociación del fin de la violencia nos ha colocado a casi todos en el disparadero. La crispación, que parecía imposible que subiera de tono, alcanza cotas inauditas. Y hay aportaciones políticas y sociales para la solución de esta gran crisis que a uno le hacen temblar: aspiran a que las víctimas, en muchos casos -evidentemente- sus familiares, adquieran protagonismo porque tienen la legitimidad que les confirieron las armas etarras. Por más que me esfuerzo no encuentro antecedentes democráticos o constitucionales que justifiquen tal cosa. Con todos los matices del caso, sería como si a cualquier afectado por lo que fuere, más allá de darle el paso a la acción judicial, lo colocáramos de juez de la misma causa.