HAY DOS grandes diferencias entre las treguas que declaró ETA cuando González y Aznar eran presidentes del Gobierno y la que, según se rumorea, ETA podría estar pensando en anunciar. Mientras que aquéllas fueron decididas unilateralmente por los terroristas, sin una previa negociación sobre el cese de sus crímenes, la que ahora se prevé llegará, si se confirma, tras los contactos mantenidos durante meses por el entorno de ETA con el entorno del Gobierno, contactos que ya nadie se molesta en desmentir. Con ser importante esa diferencia, la segunda lo es todavía mucho más: mientras ETA paró provisionalmente en 1989 y 1998 porque estaba convencida de haber acumulado el caudal de terror suficiente para imponer sus exigencias independentistas al Gobierno, la situación es ahora la contraria: la tregua de ETA, si finalmente se produce, será la constatación de su derrota y de que ya sólo le queda intentar obtener alguna contrapartida para sus presos y fugados a cambio de su desaparición. Eso es, de hecho, lo que los enviados del Gobierno habrían ya, supuestamente, transmitido a los etarras: que lo único que cabría negociar es paz (léase cese de los crímenes) por presos. Cualquier otra hipótesis sería una locura, pues la acción firme del Estado de derecho contra ETA desde 1977 no podría verse ahora traicionada por una negociación en la que a los criminales se les concediera a cambio de la entrega de las armas lo que con ellas no pudieron conseguir durante cuarenta años de terror. Sin embargo, aun en esa hipótesis, la segunda fase de la negociación con ETA que se abriría una vez cumplida la condición fijada en el 2005 en el Congreso -el abandono definitivo de las armas- tendría un margen estrechísimo. Y ello porque los casi tres años sin asesinatos no sólo han cambiado radicalmente la posición negociadora de ETA, sino también la de la sociedad española frente a ella. Para decirlo sin rodeos: lo que los españoles hubieran estado quizá dispuestos a aceptar sin rechistar cuando ETA asesinaba a docenas de personas cada año -la excarcelación de sus presos a cambio de su disolución-, no lo acepta hoy la mayoría. Por eso, si la dolorosísima política de negociar con una banda terrorista la suerte de sus presos una vez que ha sido derrotada tiene alguna posibilidad de ser tolerada por la opinión pública española, esa no es otra que la de aceptar que estamos ante un caso de clemencia de quienes, tras haber ganado, pueden mostrarse generosos. Lo contrario, justamente, de la infame apelación del nacionalismo vasco a que no haya vencedores ni vencidos. Porque sin vencidos no podrá nunca haber clemencia.