MÁS ALLÁ de las palabras y los significados y del nuevo marco competencial y su financiación, el Estatut de Cataluña recoge importantes determinaciones en materia urbanística, con especial hincapié en las políticas de ordenación del territorio y del paisaje. Pero, sin esperar al cambio del régimen estatutario, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat se ha empeñado en desarrollar políticas de protección para el sistema costero. Con casi la mitad del litoral catalán construido, era inevitable tomar decisiones para ordenar este sistema ambiental de tan alto valor, a partir de la aplicación de los criterios tendentes a contener un disperso edificatorio que había colmatado kilómetros de costa, y a fomentar múltiples actividades frente al monocultivo turístico, para conseguir mayor cohesión social con la combinación de distintos usos del suelo con la residencia. Mediante la oportuna reforma legislativa y con un marco específico de cooperación entre las administraciones y los particulares, se han aprobado definitivamente dos planes directores del sistema costero. Según el principio de jerarquía normativa, el plan director encabeza la relación de instrumentos de planeamiento en cuanto establece directrices de alcance supramunicipal. Un equipo de profesionales ha recorrido y estudiado durante dos años la geografía de la costa y sus características paisajísticas, su afectación por el planeamiento municipal aprobado o en tramitación, y ha dibujado, más allá de la franja regulada, las zonas en las que convenía actuar para facilitar la conurbación de los espacios ya protegidos, abrirlos al mar, preservar las desembocaduras de los ríos y, complementariamente, evitar el colapso funcional del perfil marítimo por exceso de construcción. En un ámbito cercano a 40.000 hectáreas, los planes directores abarcan las áreas de suelo no urbanizable, el urbanizable no delimitado y también el delimitado sin plan parcial aprobado, además de dictar una normativa especial para los suelos urbanos. Con estas medidas no se pretende promover la añoranza de la fisonomía de los pueblos de hace un siglo, sino más bien posibilitar la preservación de un medio particularmente frágil, conscientes de que, si se sigue construyendo salvajemente, además de comprometer los valores paisajísticos, culturales y simbólicos de los espacios marítimos, la situación resultaría a la larga insostenible en términos económicos. Las declaraciones recogidas en Fitur en el sentido de que la Xunta va a acometer un cambio profundo en materia de turismo, con el objetivo de renovar y cualificar la imagen de Galicia como comunidad con enorme interés ambiental, cultural y patrimonial, donde el agua, el verde y el paisaje son protagonistas, parecen alentar las esperanzas de que el impacto que representaría para nuestro territorio una política inversora a mansalva sea racionalizado y optimizado con similares criterios de cohesión, diversificación y sostenibilidad. Llegó el momento de dibujar en los planes las voluntades políticas, antes de meterse otra vez en el farragoso mundo jurídico con nuevas reformas legislativas.