YA DECÍA yo que esto del Estatuto de Cataluña no era lo que más nos preocupaba a los españoles. Porque ni el taxista, ni el peluquero, ni la panadera, me sacaron nunca el tema de la financiación, ni el del techo competencial de los catalanes. Ni tan siquiera les oí hablar del preámbulo, ni tampoco del principio básico de la solidaridad. Por eso tenía la impresión de que toda esta borrasca del Estatut era cuestión de unos cuantos que la alimentaban. Y las sospechas eran ciertas. El Centro de Investigaciones Sociológicas ha venido a ratificarlo. En su barómetro de diciembre deja claro que lo que más preocupa a los españoles, al 49%, es el paro. Después, la inmigración, al 29,4%. El terrorismo de ETA, la inseguridad ciudadana, la vivienda y los problemas económicos son, por este orden, las otras preocupaciones. Y la reforma de los estatutos y los nacionalismos les preocupan al 2,4 y al 2,8%. Es decir, a casi nadie. Lo que confirma la teoría de Roberto Blanco Valdés de que los estatutos no resuelven ninguno de los problemas que nos apremian. Los medios de comunicación, todos sin excepción, nos hemos empeñado en dedicar el último año a informar y analizar todo cuanto ocurría en torno al Estatut. Aunque para eso estamos, también tenemos delito. Pero peor es lo de nuestra clase política, toda si excepción, que se ha empeñado en darnos la matraca con lo de los rendimientos de los tributos estatales, las exenciones y las reducciones. Que ya ven lo que nos importa. Zapatero, Rajoy y sus muchachadas van a tener que replantearse qué es lo que le preocupa a la sociedad, a la que están para servir y de la que tan lejos se encuentran. Y preguntarse si a los que no tienen trabajo, a los que viven aterrorizados o a los que el sueldo no les permite comer a fin de mes, se les puede seguir hablando de unidad de mercado, diversidad, realidad nacional occitana y mecanismos de solidaridad.