SE HAN terminado las dudas. Batasuna no podrá celebrar su congreso. Y no sólo eso. El juez Grande-Marlaska enmarca la decisión en una medida contundente: prolonga la suspensión de sus actividades dos años más, lo que supone algo que hasta ahora se había cumplido mal, como es el cierre de sus locales y de su página web y la clausura de establecimientos donde se exhibe su anagrama. El magistrado va más allá del escrito del fiscal general, que argumentó que no se puede suspender la actividad de un partido declarado ilegal por el Supremo. Con ello, la suspensión no se basa en la Ley de Partidos, sino en una decisión anterior. Esto quizá sea lo más discutible. Pero es ortodoxo. La Justicia vuelve a demostrar independencia. Funciona el Estado de Derecho. Batasuna es puesta en su sitio. Se ha frenado su nuevo desafío a la legalidad. Recibe el calificativo de «frente político institucional» de ETA, que complementa la anterior definición de terrorista. Y, judicialmente, ha nacido una nueva estrella: Fernando Grande-Marlaska, que ocupa el lugar de Garzón en orden a la valentía para hacer frente al conglomerado etarra. ¿Qué puede ocurrir ahora? Casi todo: que haya un conflicto de orden público ante la sala de Baracaldo donde se iba a celebrar el congreso; que, como anunció Otegi, los batasunos hagan un ejercicio de imaginación para celebrar, pese a todo, la asamblea; que EA, cogobernante en Euskadi, convoque un acto y les ceda micrófono y escenario; y, desde luego, que aprovechen la prohibición para hacer victimismo, presentar la prohibición como una oportunidad abortada para la paz y tratar de enfrentar, como siempre, los principios de legalidad y de oportunidad política. Oportunidad política sería permitir la asamblea, legalidad es prohibirla. Pase lo que pase, había que hacer lo que hizo este juez. Permitir el congreso sería una burla, una bajada de pantalones, por mucho que se pudiera esperar un gesto de defensa de las vías políticas. La Ley de Partidos podrá ser todo lo restrictiva que se quiera, pero es la ley. Y quien queda en deuda con todos, para darnos una explicación convincente, es el presidente del Gobierno por lo que dijo del derecho de reunión. Debe esa explicación, no porque queramos pasarle factura, sino por falta de habilidad en la conducción del problema. Ha dejado la sensación de que es el perdedor ante un juez. Ha transmitido que deseaba la celebración del Congreso. Ha pecado de falta de recursos dialécticos para sortear el asunto. Si hubiera dicho, sencillamente, que esperaba la voz de la Justicia, hoy podría hablar con más firmeza de la decisión judicial. No lo hizo, quizá no supo hacerlo, y parece el otro perdedor. Injusto, pero perdedor.