LA PRESENTACIÓN en sociedad del nuevo Estatuto elaborado por el Bloque viene a ser como la apertura del año estatutal. O, por usar otra metáfora, como el saludo del bailarín que abre la danza. Por eso, no estaría de más que antes de que salgan a la pista, nuestros líderes resolvieran si va a ser chacona o va a ser vals. Pues aunque cualquier baile tiene sus problemas, nada hay peor que organizar uno en el que los bailarines no han acordado qué van a interpretar. De hecho, por no pactar, los proponentes de una reforma que se dice indispensable no han concertado ni siquiera los motivos que la justificarían. Sabemos, sí, que «Galicia no puede quedarse atrás» y que el Estatuto «debe adaptarse al cambio de los tiempos», pero más allá de esas simplezas, que oímos pronunciar con un engolamiento que induce a pitorreo, nada sustancial precisan nunca quienes urgen a diario el cambio estatutario. Una vez aclarado el por qué de una reforma, que a fin de cuentas se explica mirando a Cataluña, la dirigencia podría quizá acordar un código de conducta elemental que nos ahorraría mucho gasto de saliva y de papel, y permitiría, además, a los egregios padres de nuestra nacionalidad, dedicar su tiempo valioso a otros menesteres, quizá más prosaicos, pero de mayor interés para quienes les pagamos sus salarios. La primera regla de tal código debería ser la de no proponer nada que se sepa de antemano que no prosperara en las Cortes generales, donde la reforma debe aprobarse de modo inexorable: nos quitaríamos así de en medio, sin ir más lejos, todo el arduo debate sobre la cuestión de la nación, lo que evitaría a nuestros políticos decir muchas tonterías. Segunda regla: no proponer nada manifiestamente inconstitucional. Por ejemplo, el sistema de concierto o la modificación de los límites territoriales de Galicia. Tampoco sería moco de pavo tal acuerdo. El debate se centraría así en lo posible y no en lo que, por ilusorio, es engañoso, es decir, tiende a engañar al cuerpo electoral. La tercera regla es, creo, la más interesante: la consistente en aclarar siempre la utilidad de las propuestas. Con esa regla debería justificarse, por ejemplo, qué ganaríamos con un Consejo Judicial o con una Agencia Tributaria. Yo, modestamente, les diré que no conozco a nadie que sepa del asunto que no crea que, en vez de multiplicarlo, lo más útil sería suprimir el Consejo del Poder Judicial que ya tenemos; y que no crea que con 17 agencias tributarias sería imposible luchar contra el fraude fiscal que nos invade. Aunque-es verdad- a quién le preocuparía el fraude fiscal, si tuviéramos ¡al fin! otro Estatuto.