LA CONSTITUCIÓN es un acuerdo libre, legalmente expresado, sobre la organización del sistema político, y sobre la forma en que los ciudadanos participan de sus actividades, ejercitan sus derechos y cumplen sus deberes. El derecho constitucional actual no reconoce como constituciones las leyes fundamentales que no sean democráticas, y por eso conviene recordar que en todos los textos modernos se recogen una serie de principios que no podrían ser alterados sin que la constitución resultante perdiese su condición de tal. Entre esos principios están, sin ánimo de ser exhaustivos, los derechos fundamentales de la persona, el pluralismo político y las libertades de expresión y asociación, la existencia de elecciones libres, la ausencia de mandato imperativo y la vigencia del Estado de derecho. La consecuencia de esta definición es que la Constitución no es un dogma, y que, a pesar de su tendencia a la estabilidad, puede ser modificada, mediante nuevos acuerdos, cuando las circunstancias lo permitan y la voluntad del pueblo lo decida. Por eso cabe decir que los dos grandes partidos españoles están cometiendo un grave error en su visión actual de nuestra Constitución. Lo hace mal el PP porque, a pesar de su reconocimiento formal de que la Constitución es modificable, la está tratando como un dogma que se impone sobre la propia realidad del país y sobre sus dinámicas modernizadoras. Y lo hace mal el PSOE porque, soslayando los acuerdos que son aconsejables para alterar la Constitución, y empujado por la mayoría coyuntural que le permite gobernar, está procediendo a una relectura de la Carta Magna que frisa la reforma constitucional encubierta. Si malo es el inmovilismo del PP, cuyo único objetivo es el refuerzo de su oposición radical, peor parece la flexibilidad del PSOE, cuya base consiste en escribir lo que se puede y leer lo que se desea. Porque, mientras el PP sostiene una interpretación única e invariable del acuerdo constitucional, la flexibilidad del PSOE hace posible que cada experto, cada tribunal, cada comunidad autónoma y cada Gobierno interpreten la norma básica de una manera diferente, poniendo en riesgo la seguridad jurídica del sistema. El hecho es que tanto el PP como el PSOE están utilizando la Constitución de forma partidista. Pero la imprudencia de base hay que achacársela a Zapatero, que, carente de condiciones políticas y parlamentarias para afrontar la reforma de la Constitución y del Estado, no dudó en meterse en el avispero para mantener las mayorías coyunturales que gobiernan España y Cataluña. Por eso podemos decir que, aunque la Constitución goza de buena salud, tenemos un grave problema político a la vista.