QUERER emplear el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) para que «vele por el pluralismo interno y externo de los medios de comunicación» y «la honestidad (sic) informativa», como pretender hacer el Parlamento de Cataluña en su ámbito competencial, no es sólo un despropósito. Es, simple y llanamente, inconstitucional, porque sólo los jueces, en su función jurisdiccional, son los competentes en materia de derechos fundamentales, como son los que recoge el artículo 20 de la Constitución, entre otros el de «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción», y el de «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Pretender la creación de tribunales políticos, disfrazados de consejos audiovisuales, para controlar el derecho a la información o los contenidos de los programas es usar torticeramente estos organismos y desvirtuar su única y verdadera función, que no debe ser otra que la de limitar la arbitrariedad del poder ejecutivo, jerarquizar y formalizar autorizaciones y controles, alentar para que circule y se imponga la competencia; ordenar la normativa, introducir seguridad jurídica e igualdad de oportunidades, y otorgar más facilidades de entrada y más garantías para los que están dentro. Todo lo demás será pervertir por un tiempo el sistema de libertades y dar trabajo extra al Tribunal Constitucional. Las sociedades avanzadas transitan por el camino de la autorregulación para regular la profesión periodística, en línea con el modelo diseñado a finales del siglo pasado por el Consejo de Europa, que instó a los medios a que se comprometieran a conservar «unos principios deontológicos rigurosos», encaminados a asegurar la libertad de expresión, que no es privilegio de los periodistas, recordémoslo, sino de todos los ciudadanos. Este es el modelo del Comité de Quejas de la Prensa británica y del Consejo Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE). Son estos mecanismos voluntarios, que no ciegan ni impiden el recurso a los tribunales, los que deben cuidar la libertad de expresión y no organismos espurios que con decisiones administrativas pretenden conducir la libertad en nombre de arribistas que se hacen pasar por políticos. Que lean al que hace 200 años dijo que entre una democracia sin prensa y una prensa sin democracia se quedaba con la segunda.