ESTA SEMANA los afiliados al PP han elegido a los 2.150 compromisarios que en el decisivo congreso del próximo mes de enero decidirán el sucesor de Manuel Fraga y el futuro de la formación conservadora en Galicia. Naturalmente, a fecha de hoy no es posible conocer cuál será la decisión que finalmente adoptarán los delegados que asistan al cónclave conservador. Incluso resulta aventurado pronosticar cuántos aspirantes a dirigir el PPdeG conseguirán los 400 avales necesarios para poder presentar su candidatura ante el congreso. Ello no obstante, los datos disponibles permiten asegurar que Alberto Núñez Feijoo es el candidato que ha conseguido más adhesiones en esta fase del proceso congresual. Sólo una complicada alianza de todos sus adversarios en torno a un único candidato alternativo tendría alguna posibilidad de arrebatarle la victoria. Ahora bien, sea cual sea el resultado final de esa disputa, los dirigentes conservadores deben ser conscientes de que el proceso congresual se ha reducido a una simple -y dura- lucha por el poder. El debate político sobre las causas del retroceso electoral y de la pérdida del poder, así como las propuestas para superar la crisis de identidad que atraviesa el PP, han brillado por su ausencia. En efecto, poco o nada sabemos del camino político que piensan seguir los principales aspirantes a dirigir el PPdeG. El del sector más duro de la derecha, convencido de que en España sólo se producen cambios en medio de una grave crispación social, o el de quienes en su propio partido piensan que la alternancia debe producirse desde una oposición firme y exigente pero basada en los valores comunes de la convivencia y la Constitución. No sabemos si en temas que afectan a la estructura básica del Estado -la reforma del Estatuto, por ejemplo- mantendrán el estéril aislamiento del PP o si se esforzarán por conseguir acuerdos con el resto de las fuerzas políticas. Tampoco conocemos si conciben al PP como un partido laico o si seguirán apoyando la anacrónica pretensión de la Iglesia católica de trasladar el derecho canónico a normas de derecho común. Y, desde luego, no han aclarado si el PPdeG mantendrá su autonomía política y su compromiso galleguista, o si, por el contrario, se transformará en una simple sucursal de la dirección estatal del partido, supeditando los intereses de Galicia a la estrategia general del PP. Resulta, pues, imprescindible que las propuestas políticas -si realmente existen- se hagan explícitas para que la opinión pública pueda conocerlas y ponderarlas a través de un debate democrático. Sólo así evitará el PP que se desvirtúe su congreso, y que la cuestión sucesoria sea el producto natural, un epifenómeno comprensible, del proceso político. De lo contrario, el PP dará la impresión de que su debate se reduce a una mera confrontación de intereses personales o corporativos en pugna por la influencia y el control de la organización. Y no parece que tal cosa interese demasiado a la sociedad gallega.