TREINTA AÑOS forman un tramo significativo en la vida de una persona. Los que acaba de cumplir el Rey desde su proclamación. Para una parte importante de la población, que no conoció otro Jefe de Estado, se trata de un suceso normal, que no justificaría conmemoración especial alguna. Para quienes conocimos otra situación política podría coincidirse en esa misma apreciación. Es buena la normalidad. Pero también es bueno que, en ocasiones, como se ha hecho ahora, se reflexione sobre lo que significa la existencia de una forma de gobierno que no es la regla general en el mundo en que vivimos. La figura de don Juan Carlos va ligada a la transición democrática en nuestro país. No estaba escrito en las estrellas que las cosas ocurrieran como sucedieron. Hubo que salvar peligrosos escollos interiores. Muchos interrogantes cubrían el crepúsculo del régimen del general Franco, tanto para quienes aspiraban a una continuidad imposible, como para quienes apostaban por empalmar con la República, derrocada por una guerra civil. Entre los primeros se acuñaba el eslogan «Después de Franco, las instituciones», creadas en su etapa. Después, sólo en el sentido de la cronología, lo que ha surgido es la institución de la Corona, en «S.M. don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica», con el patriótico sacrificio de su padre, el permanente exiliado. No se limita la Constitución al hecho singular de nombrar a una persona. La primera misión de don Juan Carlos fue consolidar la Corona como institución, dotando de pleno sentido a los preceptos constitucionales que la reconocen y regulan. Quizá la conmemoración de estos días fuera innecesaria, si no se detectase en el ambiente un cierto interés revisionista del pasado. La revisión se hizo, de una vez por todas, con gran generosidad, en la Constitución. A crear el clima para hacer posible ese consenso fundamental contribuyó decisivamente don Juan Carlos. Representantes inicialmente rece-losos, curtidos en una más o menos larga oposición al régimen de Franco, lo acaban de corroborar. No sería leal que desde formaciones políticas que suscribieron el pacto constituyente se cuestionaran ahora sus fundamentos. Sobre todo pensando en las generaciones que no han podido calibrar personalmente lo que supuso el tránsito civilizado de una situación provisional por naturaleza a una democrática de estabilidad. Es muy probable que los monárquicos sean minoría, aunque juancarlista se declare una importante mayoría. También resulta acreditable que entre la gente joven abundan los que pasan de una y otra adscripción. Porque se detecta, en tantas manifestaciones, un atisbo de fractura generacional, quienes tienen hoy responsabilidades públicas deberían implicarse en que el respaldo del que es acreedor el Rey don Juan Carlos se procurase trasladar a la institución de la Corona. Las instituciones son como son. La singularidad del régimen hereditario para acceder a la Jefatura del Estado es evidente. Por eso resulta empresa delicada la del referéndum para reformar la Constitución, aunque sea en un asunto fácilmente asumible por la sociedad como la derogación de la preferencia del varón respecto de la mujer en la sucesión a la Corona. Los constituyentes que aprobamos esa preferencia declaramos también el derecho fundamental a la igualdad. No fue aquélla una imprevisión. Aunque no resultará arduo justificar jurídicamente por qué se mantiene en el caso del príncipe de Asturias, puede ser considerada como una excepción no convincente. Qué prisa hay para esa reforma si, además, no será de aplicación inmediata. La cuestión no es el respaldo a don Juan Carlos, bien ganado, sino consolidar la convicción del servicio que la Corona presta al país, dentro y fuera, como institución constitucional.