SI ETA fuera una empresa legal en lugar de un grupo terrorista, no hubiera actuado de modo muy distinto a como ha venido haciéndolo en el sector de actividad -el criminal- al que ha dedicado sus acciones. No hay más que ver la red de sociedades de apoyo y empresas auxiliares de ETA Militar para comprender hasta qué punto los pistoleros son sólo en realidad el frente armado de un gran entramado delictivo puesto al servicio de un objetivo prioritario: alcanzar, por medio de la violencia selectiva, la independencia y la reunificación de Euskal Herria. Lo que sorprende, por lo tanto, del universo de empresas y asociaciones económicas, informativas, sociales y políticas a las que pertenecen los 56 acusados en el macroproceso contra el entramado de ETA que se abrió el lunes en Madrid no es la voluntad de la banda criminal de servirse de ellas para facilitar sus acciones y su reproducción, sino la impunidad con la que todas pudieron desarrollar durante años sus actividades delictivas. Periódicos que cohesionaban ideológicamente a los violentos; organizaciones que defendían en el exterior la acción etarra; grupos destinados a suministrar terroristas de recambio a medida que los pistoleros eran detenidos y juzgados; frentes juveniles; asociaciones dedicadas a la defensa de los presos; partidos que concurrían, por delegación de la banda terrorista, a las elecciones generales, locales y autonómicas: todo eso es ETA, según la tesis del instructor de la causa que se juzga en la Audiencia Nacional, tesis que deberán probar ahora los fiscales encargados de ella. Frente a tal acusación, los abogados defensores de los 56 incriminados sostienen que el proceso que se sigue contra ellos es político, y que su finalidad es perseguir las ideas aberzales. La historia demuestra, sin embargo, que las cosas son justamente opuestas a como las califican los letrados: política ha sido la impunidad y no los procesos que han terminado con ella. Sí, política ha sido la convicción de que había que dejar actuar a los violentos dentro de la ley con la esperanza de que, antes o después, la generosidad del Estado de derecho acabaría por convencerlos de que podían alcanzar del lado de la ley lo que perseguían violándola con sus actos criminales. La política no ha influido, como se dice, para decidir perseguir al entramado etarra, sino para dejarlo hacer, en una impunidad inconcebible que sólo podía dar en lo que dio: en que los violentos llegaran a la increíble conclusión de que estaban exentos del cumplimiento de las leyes. Sólo cuando se decidió poner fin a esa locura comenzó ETA su imparable declinar.