SI EXISTEN las naciones, y si ese término es algo más que una expresión dulcificada del poder, Cataluña es una nación. Y si, en vez de estar hablando de leyes estuviésemos en un mitin, tampoco me parecería mal que los cántabros y murcianos, e incluso la Illa de Arousa, se atribuyesen a sí mismos, ante Dios y su historia el título de nación. Pero estamos hablando de leyes fundamentales, en las que todas las expresiones tienen consecuencias jurídicas y políticas que en modo alguno se agotan en las demarcaciones convenidas. Y por eso es importante que los términos incluidos en los nuevos Estatutos sean fijados e interpretados con referencia a los intereses de todos los españoles. No se trata de regatearle a Cataluña sus demandas nacionales, sino de exigir que sean satisfechas en el nivel jurídico y político que corresponde. Si quieren ser nación, que la Constitución les reconozca su título. Y si quieren tener una relación bilateral con el Estado, que lo diga la Carta Magna. Porque mientras la Constitución iguala nuestras oportunidades y hace a cada uno responsable de su destino, el cambio de relación por vía estatutaria nos hace desiguales y consagra en el tiempo privilegios de coyuntura. Sería injusto negar, como dijo Zapatero, que las demandas políticas de Cataluña están en la base del sistema autonómico que ahora disfrutamos. Pero también sería estúpido no ver que la efectiva extensión del derecho de autonomía no deriva del Estatut, sino de la decisión de vincular los derechos de Cataluña a una Constitución que, mediante la fórmula del «café para todos», sentó las bases de un Estado federal. Lo que se discute ahora no es la ampliación de los derechos nacionales de Cataluña, sino el hecho de que esa ampliación se haga por una vía que permite establecer, de forma arbitraria, autonomías de primera y de segunda. Y por eso me alucina que, en vez de estar calibrando las posibilidades de que Galicia empiece a quedarse atrás, estemos soñando despiertos con el pase automático a la primera división. ¿Quién va a redactar y a defender en el Congreso nuestro Estatuto? ¿Con qué vamos a forzar a Zapatero para que suelte la mosca en forma de euros y competencias? Si la respuesta es 50% Fraga, 32% Méndez y 18% Quintana, más nos vale acogernos a la Constitución y dejarnos de aventuras nacionales, no vaya a ser que, soñando con la Champions, nos manden a segunda B. La Constitución es algo más que un marco para el diálogo. Y por eso, sin sacralizar su contenido ni considerarla inmutable, deberíamos defenderla como el único pacto que nos liga al Estado y protege nuestra libertad. Porque la lucha en campo abierto siempre se nos dio muy mal.