La participación en las elecciones a las 14 horas sube dos puntos hasta el 36,9 %
EL ESTATUTO catalán se ha convertido en un problema nacional. Una cuestión latente a la que se le encontró una respuesta razonable hace casi veintiséis años, en desarrollo del trascendental pacto de la Constitución. El Estatuto vigente prevé su reforma. Lo que se ha planteado es un nuevo Estatuto y sus promotores declaran con una sinceridad encomiable que se trata de una reconstrucción del Estado. Nada habría que reprochar a los partidos nacionalistas desde el punto de vista de la coherencia. Sí ha quedado en entredicho la del PSC. Vinculado a los postulados de ERC, de quien depende para gobernar, ha tenido que apoyar un texto al que ahora se le reconocen aspectos inconstitucionales y que él mismo se encuentra dispuesto a enmendar, aunque, en una muestra más de una sorprendente esquizofrenia, como miembro del tripartito distribuya propaganda ensalzando la pulcritud constitucional de lo aprobado. El enredo se complica porque el propio partido en el Gobierno, el PSOE, en el que está integrado el PSC, ha manifestado que reformará a fondo el texto, hasta dejarlo limpio como una patena, en gráfica expresión del presidente del Gobierno, del que forma parte el secretario general del PSC. Por su parte, ERC juega con dos barajas: se manifiesta abierta al diálogo pero, aparte declaraciones reiteradas, realiza un reparto masivo de tarjetas recordando el compromiso del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno de aceptar en Madrid lo que se hubiese acordado en Barcelona. Las actitudes emocionales respecto de lo catalán, que empiezan a enrarecer el ambiente y el consiguiente sentimiento de incomprensión conducente al victimismo, corroboran que nos encontramos ante un problema que trasciende el ámbito de los políticos en el que se generó. Ha hecho bien el líder de la oposición en brindar por el cava. Pero el asunto se puede ir de las manos, y a impedirlo no ayuda la campaña de publicidad emprendida por el PP, que tiene otros foros en los que expresar su opinión y hacer llegar a la ciudadanía su legítima preocupación. ¿Cómo van a comportarse los actores? Si las cosas transcurren como el partido en el Gobierno ha adelantado, se tratará de sacar adelante un Estatuto modificado a fondo. Para ello necesita el apoyo ERC. ¿Cómo podrá justificar éste el respaldo al nuevo texto? La respuesta vendrá después de echar mano a la calculadora electoral y comprobar si la venta resulta rentable en Cataluña. Si diese negativo, ¿podría el PSOE conseguir una alternativa en la que participasen el PNV y el BNG? No parece verosímil, teniendo en cuenta solidaridades nacionalistas. El mismo cálculo es el del PSOE-PSC. ¿Hasta qué punto, los sondeos serían favorables a que un Estatuto profundamente aseado sería la mejor solución? Debería convencer a ERC. La posición de CiU puede ser determinante. Ha aparecido como triunfadora en la primera fase elevando las cotas de las pretensiones. Si se opone en el Congreso de los Diputados podría arrastrar a ERC. Si ésta no le sigue, se verían en posiciones contrarias en el referéndum. La incógnita se despejaría aludiendo de nuevo a los cálculos electorales. También estos juegan para un posible voto afirmativo de CiU. A estas alturas, ni se ha cumplido la promesa del entonces candidato a la Presidencia del Gobierno, ni el PSC ha salido bien librado. El pueblo catalán podría encontrarse con un Estatuto que no se corresponde con lo aprobado en su Parlamento. ¿Qué se podría hacer? Así las cosas, lo más correcto sería que el PSOE y el PP, con discursos no coincidentes -tampoco lo fueron en el proyecto vasco- promovieran la devolución del proyecto señalando con claridad lo que no es discutible. Y al mismo tiempo, adelantar una ordenación general de la financiación autonómica. La reforma del Estatuto debería realizarse en un clima de menor confrontación. La medida del desgaste o, en positivo, los réditos electorales, están presionando en exceso las decisiones a adoptar por los partidos políticos. Las convicciones que los definen quedan en un segundo plano, como el interés general que el PSOE y el PP proclaman defender.