EL MINISTERIO de Cultura presentó recientemente la campaña para fomentar el hábito de leer, en la que se combinan sabiamente diversas medidas para acrecentar el gusto por la letra impresa. Coincide esta campaña con el procedimiento de infracción que mantiene abierto la Comisión Europea contra el Reino de España por incumplir la Directiva 92/100 sobre derechos de autor en el apartado que indica que los autores deben recibir una remuneración por el alquiler o préstamo de sus obras en las bibliotecas, con independencia de la que ya reciben de la entidad de gestión Cedro, encargada de repartir el canon por copia privada que se recauda de las fotocopiadoras. España reformó en 1996 la Ley de Propiedad Intelectual para adaptarse a la normativa comunitaria, pero el legislador hizo un quiebro a la directiva y acogiéndose a la posibilidad del texto de «eximir del pago a determinados establecimientos», dijo que quedaban exentos «museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas, filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español». En una palabra, eximió a todos. La aplicación de este canon supondrá, a decir de los entendidos, un golpe a nuestro sistema bibliotecario, a años luz de los nórdicos, en los que se inspiraron los que sacaron adelante la directiva. El primer país en aplicar un canon por el préstamo de un libro fue, en 1945, Finlandia, en donde el 80% de la población es usuaria de una biblioteca pública. Dinamarca lo hizo en 1946 y Suecia en 1954, ambos con un índice de utilización de esos centros similar al primero. Gran Bretaña, con un 65% de utilización, lo aplicó en 1979, y Francia en el 2003. En España, el porcentaje de utilización de las bibliotecas no alcanza el 20%, y con razón sus responsables se oponen con fuerza al canon, aduciendo que es un lujo que no nos podemos permitir. Quienes protestan más son los escritores Miguel Delibes, Juan Marsé, Rosa Regás, Almudena Grandes y Soledad Puértolas, firmantes, entre otros, de un manifiesto en el que se señala que la medida comunitaria «incidirá en los ya de por sí exiguos presupuestos de las bibliotecas», tachan de «falacia» el argumento de la directiva de que se pierden compradores por cada libro que se presta y subrayan que «las bibliotecas dan a conocer los libros, los promocionan y permiten que estén en circulación durante años, en un momento en el que en las librerías sólo duran algunos meses». ¿Tienen razón?