EL ESTATUT de Catalunya enviado a las Cortes para su toma en consideración y posterior debate ha metido al presidente del Gobierno y a su partido en un peligroso atolladero del que no les será fácil salir indemnes. Su situación es tan delicada que, salvo que las fuerzas políticas catalanas estén realmente dispuestas a establecer un acuerdo con los socialistas para modificar razonablemente el actual proyecto de Estatut, no parece existir otra salida política que un adelanto electoral, que tendría lugar en el marco delimitado por una gran crispación social y una aguda crisis del partido gobernante. Porque el PSOE puede, en efecto, introducir en solitario enmiendas al texto estatutario durante su tramitación parlamentaria, pero no dispone, aun en el dudoso caso de que los diputados socialistas catalanes mantengan la disciplina, de los 176 votos necesarios para aprobar globalmente el texto reformado. Y si por mor de una compleja operación de ingeniería política, que no alcanzo siquiera a vislumbrar, el PSOE lograra ese respaldo, sólo a un suicida político se le ocurriría someter al preceptivo referendo de los catalanes un texto que cuente con la cerrada oposición de las dos grandes fuerzas políticas nacionalistas. Es, además, altamente improbable que, en tal circunstancia, el PSC se ponga la soga al cuello y asuma en solitario la defensa de ese proyecto en una consulta popular. Esperar en esta situación que el PP eche una mano sería rozar la más candorosa ingenuidad. Rajoy, Aznar, Acebes, Zaplana y compañía llevan mucho tiempo esperando una oportunidad como ésta, y no parecen dispuestos a desaprovecharla. Pero, aun en el inimaginable supuesto de que el PP estuviese dispuesto a subordinar por una vez sus intereses electorales al interés general, en la presente coyuntura, un acuerdo PSOE-PP desnaturalizaría hasta tal punto el Estatut que lo haría incompatible incluso con las mínimas aspiraciones de las fuerzas catalanas. Llegados a este punto, y aunque ya nadie podrá evitar que crujan las cuadernas del bloque político constitucional, sólo un acuerdo responsable entre socialistas y catalanistas puede sacarnos del embrollo en que estamos metidos. De lo contrario, no habrá Estatut, el enfrentamiento entre Catalunya y España estará servido, la crisis del PSOE será inevitable, los socios del Gobierno (ERC, IU) le retirarán su apoyo y el adelanto de las elecciones será, probablemente, inevitable. Ahora bien, con independencia de cuál sea el resultado final del proceso, pueden estar ustedes seguros de que en los próximos meses asistiremos a la puesta en marcha de la razón patriótica en las dos orillas del Ebro. En Catalunya cualquier discrepancia será considerada delito de lesa patria, y en España, el PP y determinados sectores socialistas desplegarán todo el repertorio de la retórica nacionalista, con lo cual Maragall, Carod, Mas y Rajoy rentabilizarán la confrontación a corto plazo. Puede suceder, incluso, que Zapatero y su partido acaben siendo los únicos paganos de la fiesta. Ojo.