ZAPATERO proclamó en la última reunión de la ejecutiva socialista que le gustan los grandes desafíos: debe estar plenamente satisfecho, pues el que, desde anteayer, tiene encima de su mesa es formidable. Tras diecinueve meses de enredos y política sectaria, que han convertido a Maragall en el hazmerreír de media España, el Parlamento catalán aprobó el viernes un proyecto de Estatuto que, por primera vez en democracia, pone las relaciones de Cataluña con España al borde del abismo. El problema no es sólo que el proyecto del nacionalismo catalán (pues todos sus autores se ha revelado al fin como lo que son en realidad: nacionalistas) sea frontalmente contrario a la Constitución en muchas de sus partes, partes que constituyen, además, el nervio del proyecto: el concepto de nación, el blindaje competencial, las previsiones judiciales o el sistema de financiación. El problema no es siquiera que se acepte, con toda normalidad, la posibilidad de aprobar el Estatuto en las Cortes sin los votos del PP, lo que rompería la regla del consenso entre los dos grandes partidos nacionales con que se construyó el Estado autonómico español. El auténtico problema es que el engendro que, con una irresponsabilidad inconcebible, ha aprobado el Parlamento catalán, destruye nuestro sistema autonómico y coloca a Cataluña en la senda de la secesión territorial. La generalización de ese modelo supondría, simplemente, la desaparición de España, tal y como hoy la conocemos. Ante tal provocación, le quedan ahora a las Cortes sólo dos opciones: el cirio o el fraude. Si la mayoría socialista-nacionalista opta por el fraude -es decir por aprobar el estatuto con esos retoques de los que habla la señora Fernández de la Vega- se habrá consumado la conversión de la Constitución en letra muerta, de lo que tomará buena nota, en primer lugar, el PNV: de hecho, salvo su retórica soberanista, el proyecto catalán a lo que se parece de verdad es al proyecto de Ibarretxe. Si, por el contrario, la mayoría de las Cortes depura el proyecto de lo que en él es jurídicamente inaceptable o políticamente inasumible, CiU y ERC lanzarán toda su artillería contra el veto de Madrid, y el enfrentamiento político entre las Cortes y el Parlament podría abrir una confrontación civil entre España y Cataluña de imprevisibles consecuencias. Y todo porque a Zapatero le gustan los grandes desafíos. Es una pena que para colmar esa afición no haga rafting o escale el Everest. Pues los altísimos costes del cisco que su mala cabeza ha terminado provocando los pagaremos todos y no sólo él, un político aventurero en quien, definitivamente, no se puede confiar.