CASI me veo obligado a pedir disculpas por abordar un tema tan árido como la sentencia de Al Qaida. Pero el lector pronto podrá comprobar que tiene aspectos del máximo interés. Por ejemplo, cómo unas penas de más de 250.000 años solicitadas por el fiscal se quedan en 167 años de condena efectiva. O cómo una pena de 74.000 años se transforma en declaración de inocencia. Todo ello revela una enorme desproporción entre lo que parecía antes del juicio y lo que fue de verdad una vez conocidas las pruebas. Y hay, además, motivos para preguntar: ¿hay dos varas de medir a los terroristas? La respuesta precipitada es afirmativa. Hace poco tiempo, la Audiencia Nacional no condenó por terrorismo a la llamada «rama juvenil» de ETA. ¿Motivo? Jarrai, Haika y Segi no son terroristas, porque no son una organización armada. Se quedan en «asociación ilícita». Ahora, otro tribunal de la misma Audiencia decide que no hacen falta armas para considerar terrorista a un procesado. ¿Motivo? Puede adoctrinar a otros para que las usen. Y lo puede hacer -es la primera vez que lo dice una sentencia- en lugares sagrados como las mezquitas «abusando de nuestras libertades». Si ese razonamiento de los jueces puede ser calificado como duro, no me atrevo a decir lo mismo de otros argumentos y actitudes. Ayer hemos podido ver cómo los condenados que quisieron pudieron despedirse de sus familias, emotivo gesto que nunca habíamos visto en los numerosos juicios de ETA. También en el caso de ETA suele funcionar el principio de culpabilidad. En la sentencia de ayer se aplicó, sobre todo, el principio de «en caso de duda, a favor del reo», y la falta de pruebas llevó a la absolución del ciudadano que había grabado en vídeo las Torres Gemelas. Para la instrucción y la acusación, la posesión de esas imágenes era una evidencia de su participación en el 11-S. Para estos jueces, un vídeo como el que han hecho tantos turistas en Nueva York no es una prueba de nada. Y menos de participar en una matanza. Tal actitud a favor del reo hace que las peticiones de pena más altas de la historia judicial española (25 años por cada víctima del 11-S) se haya quedado en una sentencia normal: la que corresponde a un grupo organizado, dispuesto a seguir «los macabros designios de Al Qaida», como dice la sentencia. Resulta inevitable pensar en Baltasar Garzón, cuyas tesis se han caído en parte. Esta célula de Al Qaida es terrorista. Hizo proselitismo. Participó en conspiraciones. Es un grupo perverso e indeseable; gran enemigo público; lo peor que puede producir una religión. Pero, salvo en el caso de Abu Dahdah, ésta no fue la trama del mayor atentado de la historia. No se le pueden cargar los tres mil muertos.