EL VERANO fue pródigo en asuntos jurídico-penales de indudable relieve. Algunos con inequívoco trasfondo político, en la medida en que afectan a controvertidas reformas legislativas recientemente aprobadas en el Parlamento español. Entre tales asuntos destaca la decisión de una juez de Murcia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre un precepto de la denominada Ley Integral contra la Violencia de Género , que introdujo una nueva figura delictiva que convierte en delito una falta de amenaza o coacción leves por el simple dato de que sean realizadas por un hombre sobre una mujer. Antes de dictar sentencia en el proceso penal y haciendo un uso legítimo de la facultad que le otorga la Constitución, la juez de Murcia se dirige al Tribunal Constitucional (apoyada, por lo demás, en una argumentación plenamente convincente) con el fin de que éste se pronuncie sobre la constitucionalidad de la citada norma. En cambio, un perfil penal completamente distinto ofrece la decisión de varios jueces del Registro Civil, que, antes de proceder a la inscripción de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, plantearon una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma que permite el matrimonio homosexual. Con independencia de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha norma, la materia penal viene proporcionada, en mi opinión, por la propia decisión de dichos jueces, dado que tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional limitan inequívocamente la facultad de plantear la cuestión de inconstitucionalidad al ámbito de un proceso y antes del fallo («dentro del plazo para dictar sentencia»), mientras que el acto de inscripción de un matrimonio no es una actividad jurisdiccional: no se realiza en el ámbito de un proceso y carece de fallo . Así las cosas, hay indicios de comisión de un delito de prevaricación judicial (sea dolosa, sea imprudente), a través de la cual, además de vulnerar la legalidad, se produce una lesión de derechos fundamentales a unos ciudadanos. Otros asuntos penales veraniegos carecen de trasfondo político, pero presentan un incuestionable contenido político-criminal . Me refiero ante todo al caso de los incendios forestales, lacra que torna todos los veranos. Y con el regreso de los incendios vuelven también las opiniones que reclaman un nuevo endurecimiento de las penas previstas en los delitos del Código Penal. Sin embargo, estos delitos, tanto los dolosos como los imprudentes, están correctamente regulados en nuestro texto punitivo, que, por lo demás, asigna ya penas suficientemente severas. Una vez más hay que insistir en que los problemas sociales no pueden ser resueltos exclusivamente a golpe de reforma del Código Penal, y menos aun recurriendo al simple expediente de endurecer las sanciones, sino siguiendo una adecuada política criminal, que comience por un riguroso estudio criminológico de las causas del fenómeno y que trate de atajarlas ya antes de que el problema se manifieste. Los ejemplos podrían multiplicarse, y ante la trágica experiencia de este verano podemos citar, por de pronto, otros dos: los delitos contra la seguridad del tráfico automovilístico (en la moderna sociedad del riesgo y de la velocidad, que es capaz de otorgar el premio Príncipe de Asturias del deporte a un piloto -asturiano, eso sí- que tiene fascinados a nuestro hijos a base de dar vueltas -sentado- a un circuito a más de 300 km/h, acaparando las retransmisiones de la televisión pública) y los delitos relativos al tráfico de drogas tóxicas y estupefacientes (en la moderna sociedad del vértigo, que no sabe o no quiere transmitir a nuestros jóvenes la ingente cantidad de información proporcionada por los estudios médicos acerca de los terribles efectos destructores de drogas de consumo habitual). Y lo peor no es el peligro para la salud y la vida de quienes deciden optar por la evasión que proporcionan tales formas de viajar (al fin y al cabo el suicidio no es un acto prohibido en nuestro Derecho): el mayor problema de ir por el mundo derrapando y con la mente tuneada es el demostrado efecto generador de criminalidad que ello conlleva y que tiene como víctimas a ciudadanos inocentes.