LA CARENCIA de suficiente factor 8 para tratar su hemofilia y lo grave de las heridas provocadas por un terrible accidente de tráfico hicieron que fuera necesario trasladarle al Hospital de La Paz de Madrid. Permaneció ingresado unos nueve meses hasta que su destrozada rodilla pudo soportar su peso y permitirle andar con cierta normalidad. Le salvaron la vida y le arreglaron el maltrecho cuerpo, pero también le hicieron un «regalo» inesperado e indeseado. Con las transfusiones de sangre, además de vida le inyectaron el virus de la hepatitis C. De esto hace veinticinco años y, a pesar de que no ha hecho sino pelear para que las autoridades médicas reconocieran que su enfermedad había sido contagiada en un hospital público, todavía no lo ha logrado. Hace cinco años, complicaciones derivadas de la hemofilia y la diabetes que padece activaron la hepatitis hasta llevarle al borde la muerte. Logró superarlo y todo fue bien hasta que su hígado, castigado por la enfermedad contagiada, se ha cansado de colaborar. Al no depurar la sangre como debiera, ingresa casi todas las semanas en el hospital, once en lo que va de año, donde una vez saneado le vuelven a dar el alta. El diagnóstico no es muy optimista: o le hacen pronto unas pruebas y le incluyen en el programa de trasplantes hepáticos o se irá para siempre. El caso de Santiago Cerdeira no es único. Hay muchos afectados en toda España, además de los más de doscientos setenta que forman la acusación particular contra Maeso, un anestesista desaprensivo que desmerece a la profesión a la que pertenece. Santiago, como los otros contagiados con el virus de la hepatitis, no ha tenido derecho a una ayuda que le permitiera no ser una carga para su familia. Ni se le ha reconocido que fue contagiado, en una época en la que los análisis de sangre no eran exhaustivos, ni tampoco su incapacidad permanente para trabajar. Su indefensión, como la de cientos de pacientes más, es una grave injusticia médica que nuestro sistema sanitario debe subsanar, antes de que sea demasiado tarde para los enfermos y sus familias. Ha sido necesario que un juicio «jugoso» como el de Maeso haya salido a la luz para hacer resurgir la esperanza en estos contagiados indefensos ante la Administración tras años de infructuosas reclamaciones.