TRES eran los ministros ponentes, como los mosqueteros. D¿Artagnan se quedaba a la sombra del palacio de la Moncloa a la hora de anunciar la idea inicial para subsanar el déficit sanitario. En otro país y en estas circunstancias, con el barril de crudo por las nubes, con la tajada que del precio total de las gasolinas se llevan ya las administraciones, sonaría a sarcasmo dar capacidad normativa a las comunidades autónomas en el impuesto de ventas minoristas de hidrocarburos. La experiencia demuestra que entre nosotros, suba lo que suba el combustible para el coche -la otra piel, de la que muchos no pueden prescindir-, los descensos que se producen en las ventas son muy reducidos y no suelen mantenerse en el tiempo. Si es inevitable subir impuestos, saben lo que hacen y por dónde van: además, consiguen otro efecto, que es implicar de una vez a las comunidades autónomas en la operación de recaudar. Cualquier español sensato, que aplique esa cordura al uso de su vehículo, sabe que la repercusión del nuevo impuesto puede ser nula: si ahorra en el uso la mitad de lo que se puede, no notará en el bolsillo la nueva fiscalidad. Otro tanto pasa con la energía eléctrica para uso doméstico y por supuesto el tabaco. Aun puede subir más la carga fiscal sin perjuicio del bolsillo del contribuyente. Cosa bien distinta es la incidencia en la industria y, finalmente, en los consumidores. Si ese progreso impositivo se hace realidad, no debemos preocuparnos: con actuaciones sensatas, con consumos más racionales, podemos ahorrar el valor de los impuestos y más. La pregunta es si las administraciones públicas no pueden hacer lo propio que nosotros, como solución alternativa a la subida fiscal, e incluso como fórmula sustitutiva. Cada vez que observaba, hasta hace pocas semanas, que un coche oficial traía y llevaba a diario a su domicilio de Vigo a un delegado de consellería con despacho en Pontevedra, me preguntaba por qué ese dispendio. Que sigue, seguro que sigue en casos similares.