EL PRÓXIMO 10 de septiembre se reúne la Conferencia de Presidentes para tratar los problemas financieros de la sanidad pública. En la misma, Rodríguez Zapatero propondrá, entre otras cuestiones, que la financiación de los déficit sanitarios se asuma por igual entre las administraciones estatal y autonómicas, circunstancia que exige ampliar la capacidad normativa de los impuestos cedidos a las comunidades. De este modo, los recursos vendrían vía presión fiscal, de reducir gastos o de combinar ambas cosas. La propuesta se fundamenta, pues, en las distintas responsabilidades políticas y financieras que tienen ambas administraciones en la génesis y reproducción de estos déficit. ¿Qué responsabilidades tendrían las comunidades autónomas al respecto? Se pueden mencionar algunos ejemplos comunes. Así, hay responsabilidad cuando se reducen los ingresos por tributos cedidos (se bajan los impuestos) mientras la sanidad opera con déficit. También hay responsabilidad cuando se financian en su totalidad servicios y competencias que son exclusivas de otras administraciones (por ejemplo, entidades locales), mientras crece el déficit sanitario. Otra responsabilidad sería financiar obras faraónicas, de dudosa rentabilidad social, mientras la sanidad se desangra a su vera. También hay responsabilidad cuando los déficit nacen por prestaciones sanitarias adicionales que no obligan a la comunidad. Otras responsabilidades tienen, en fin, origen en errores propios o en una gestión ineficiente de la sanidad. Identificar las causas del déficit sanitario exige, pues, transparencia, información y análisis riguroso. ¿Qué responsabilidad podría tener la Administración estatal? En primer lugar, es lógico pensar que los aumentos bruscos de población, motivados por una inmigración que se distribuye de forma desigual en el territorio, generando a su vez gastos sanitarios desiguales, deben financiarse en buena medida por la Administración central. Además, esa Administración también debería financiar parte de los déficit generados en el sistema, al no incluir en la reforma de la financiación autonómica el gasto sanitario real del año base (1999). Finalmente, existen otras insuficiencias financieras ya verificadas que deberían corregirse vía solidaridad (recursos de nivelación y de cohesión). Financiar la sanidad de forma compartida parece, pues, decisión sensata. Porque ambas administraciones aprobaron por unanimidad el modelo de financiación vigente y porque ambas administraciones deciden también sobre el gasto farmacéutico, que es hoy factor decisivo para comprender los déficit sanitarios. Un problema que no se resuelve sólo a través del ingreso. Habrá que reducir y racionalizar primero el gasto farmacéutico.