QUE LA Xunta de Fraga haya comprometido la mayor parte de los presupuestos del corriente 2005 no significa necesariamente que su gestión sea desleal o mala. Y que el presidente Touriño herede compromisos extensibles hasta el 2008 no es más que la obvia consecuencia de que hay muchas inversiones que no se resuelven en un solo ejercicio. Por eso es imprescindible que, a la hora de hacer revisión y crítica de lo sucedido, se haga un discurso muy sólido, muy complejo y muy concreto. Todos intuimos que los meses transcurridos entre las elecciones y el cambio de Gobierno han servido para dilapidar el presupuesto corriente de forma partidista, y que algunas adjudicaciones realizadas con el Gobierno en funciones necesitaron atropellar el procedimiento administrativo para llegar a tiempo de favorecer las estrategias de la Xunta anterior y complicarle la vida a la que viene. Pero eso sólo se puede decir institucionalmente si, más allá de las cifras globales de ejecución presupuestaria, se dan los listados de gastos que presentan desvíos, o si se ponen al descubierto los defectos que pueden hacer sospechosas, e invalidar incluso, las adjudicaciones de última hora. Con las cifras de la deuda pasa algo parecido. Creo que la situación financiera de la Xunta es peor de lo que dijo Touriño. Pero lo que cabe esperar de los actuales gestores no es una apreciación escandalosa de los hechos, sino una cuenta exacta e irrefutable en la que queden claras dos cosas: cuál era la relación de precio y calidad de las obras y servicios gestionados por Fraga, y por qué la oposición y los órganos de control no fueron capaces de detectar a tiempo lo que, en pura legalidad, tiene que estar perfectamente documentado. En democracia no hay actores nuevos. El que ahora es oposición era Gobierno el año pasado. Y el que ahora es Gobierno era oposición cuando se produjo el déficit. Y por eso no es de recibo que hablemos de estas cosas como si hubiesen aparecido debajo de la alfombra, o como si se tratase de una catástrofe natural que puede ser descrita y publicitada sin señalar los fallos concretos y los responsables políticos directos. Mi opinión, bien conocida, es que la gestión popular se desvió mucho más de lo que suele creerse. Pero esta grave apreciación no puede ser hecha por la Xunta si no viene expuesta con pelos, señales, responsabilidades y, si necesario fuere, partes de denuncia a los órganos que corresponda. Porque somos muchos los gallegos que queremos un nuevo estilo de gobernar. Y porque estamos convencidos de que la máxima dureza en la exigencia de responsabilidades es perfecta y necesariamente compatible con el máximo rigor en la presentación de los datos.