EL HECHO de que estos días se hable de que el Gobierno se va de vacaciones y se preste atención a José Luis Rodríguez Zapatero disfrutando en Lanzarote de un largo reposo es una muestra más de que todavía tendemos a pensar que nos gobernamos desde Madrid. Sin embargo, cada vez se ejerce más poder desde las capitales autonómicas o desde Bruselas, por no hablar de la auto-regulación de la sociedad, los movimientos de los mercados o de lo que deciden por nosotros los cuatro o cinco países con verdadero peso internacional. En el caso de las comunidades autónomas y de la Unión Europea deberíamos preguntarnos si son y si pueden ser democracias de calidad, es decir, evolucionar más allá de celebrar elecciones periódicas con opciones distintas. La cuestión es importante porque el centro de gravedad de la democracia española se ha desplazado hacia Europa y hacia la periferia durante más de veinte años. Hoy en día en torno al 45% del gasto público es ya autonómico o local y alrededor de la mitad del derecho que se aplica en España proviene de la UE. Muchos ministerios tienen poco que hacer, aparte de gestos para la galería, y en ocasiones las Cortes Generales funcionan más bien como agencias comunitarias o foros intergubernamentales al servicio de lo autonómico. Además, la alocada reforma constitucional puesta en marcha por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, a través de una puja al alza de nuevos Estatutos autonómicos, reforzará aun más la descentralización, siempre que evite el precipicio de instaurar una confederación muy inestable. Así que uno de nuestros debates pendientes es hasta qué punto es acertada la transferencia continua de tantos poderes hacia Europa y hacia las capitales autonómicas, si este proceso sirve a nuestros intereses generales y si ayuda a la plena vigencia de valores democráticos. La respuesta que yo daría en no pocas ocasiones sería positiva pero a la hora de ceder y/o repatriar competencias se necesitan muchas opiniones fundadas y expresadas con total libertad, a pesar de que se trata de un tema poco apreciado en el seno de los partidos políticos, en los que la lógica autonómica empieza a ser más fuerte que las visiones de ámbito nacional. En todo caso, otra discusión previa a ésta y apenas planteada en España es si el tamaño de comunidad política puede condicionar la calidad de la democracia. Respecto del tamaño, miremos primero a la polis con capital en Bruselas y a sus más de cuatrocientos cincuenta millones de ciudadanos, una aventura política inédita. No hay un ejemplo en todo el mundo de una democracia avanzada, es decir, con mecanismos reales de rendición de cuentas, deliberación y transparencia y con una gestión eficiente de los asuntos públicos que agrupe tal población y con tanta diversidad. Como estamos viendo en la actual crisis, la Unión sufre una lejanía estructural al ciudadano, cuesta dar sentido en el plano europeo a las nociones de representación y participación ciudadana y la opinión pública sobre asuntos europeos es débil. Tal vez la salida del impasse europeo que pilotará Tony Blair a partir de septiembre deba estar inspirada en el consejo que daba sir Leon Brittan en plena crisis de 1992: «Hacer menos para hacerlo mejor». Pero la solución a esta cuestión del tamaño excesivo para construir una democracia de calidad no consiste en caer en la idolatría del regionalismo, algo de lo que pecamos mucho los españoles de hoy. La descentralización política de nuestro país que empezó en 1978 era necesaria y ha dado muy buenos resultados de innovación de políticas y desarrollo económico y social en muchas áreas. Sin embargo, hay regiones que por problemas de escala no pueden dar buenos servicios al ciudadano, por sí solas no compiten con ventaja en el mercado global, no tienen capacidad negociadora suficiente en los foros internacionales sobre asuntos que las afectan o no disponen de clases políticas bien preparadas. Existen también comunidades cerradas sobre sí mismas, en las que con frecuencia prevalecen los intereses especiales en vez de la objetividad a la hora de definir y proteger intereses generales. La supuesta cercanía al ciudadano propia del nivel regional se convierte entonces en lo contrario: apenas se discute sobre los problemas reales de los ciudadanos y no se exigen responsabilidades en el día a día a los gobernantes, protegidos por un discurso identitario multiuso. Los fracasos de gestión pública se tapan con una montaña de dinero y casi se echa la culpa al nivel superior de gobierno. En fin, los debates sobre la Unión Europea y algunos ejemplos recientes de mala gestión autonómica deberían llevarnos por lo menos a hacer la anotación mental de que el tamaño de comunidad política sí importa.