EL GOBIERNO se ha propuesto reformar el maltrecho sector audiovisual español con tres iniciales proyectos de ley, dos decretos y un reglamento. Tiene voluntad política pero navega entre dificultades, presiones e intereses legítimos que dificultan la tarea y encierran gatos que conviene ahuyentar. El primero: con el propósito de desvincular la televisión pública nacional del Gobierno de turno se crea un Consejo de Administración de diez miembros: cuatro nombrados por el Congreso por mayoría de dos tercios, cuatro por el Senado por igual proporción, y dos a propuesta de los sindicatos «más representativos». ¿De dónde? La fórmula sería más imparcial si, por ejemplo, el noveno lo propusieran las centrales sindicales y el décimo la organización profesional que mejor represente a los periodistas. El segundo: el texto no define las obligaciones de servicio público de RTVE y señala que sus objetivos, gestión y administración los fijará el Gobierno mediante un contrato-programa que revisará cada tres años. Este mecanismo establece una notable dependencia económica de RTVE del Ejecutivo, introduce inseguridad jurídica y no soluciona lo que demanda el sector privado e impera en la UE: que las televisiones públicas tengan programación de servicio público, se financien básicamente con recursos públicos y que el tiempo de publicidad por hora de emisión sea inferior al de las privadas y esté tasado por ley. En definitiva, un marco cierto y a largo plazo. El tercero: se quiere relanzar la Televisión Digital Terrestre otorgando capacidad analógica a un nuevo operador cuya concesión se hará por concurso. ¿Alguien puede creer que para relanzar una tecnología nueva se deba recurrir a otra que tiene fecha de caducidad: abril de 2010? Y además se adjudican dos múltiplex digitales a TVE para que haga de locomotora del proceso, relegando de este cometido a las privadas nacionales, a las que deja con escasa capacidad digital y compartiendo múltiplex con otras. La gestión del espectro debe efectuarse por múltiplex completos, ya que la cohabitación forzada de más de una es obstáculo para la gestión eficiente de la compresión de la señal y, por tanto, de la banda de datos y de la interactividad, dos de las ventajas de la TDT, junto con la multiplicación por cuatro del número de señales de televisión por cada señal analógica actual. Si no se modifica este criterio, concediendo más espacio digital a las privadas, se volverá a retrasar la TDT. Y será el segundo.