CON FRECUENCIA se dice que la política es el arte de la prudencia y de hacer posible lo necesario. Un cometido que, sin embargo, no puede afirmarse siempre de la acción de gobierno del president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Bástenos con hacer un recordatorio de su comparación con una mujer maltratada a cuenta de la crisis del barrio del Carmel; la denuncia de una corrupción generalizada de pago de comisiones inmobiliarias en tiempos de Convergència i Unió; o el respaldo a un pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, ya en plena pasada campaña electoral, en el País Vasco. Un político que nos sorprende, con más frecuencia de la deseable, con propuestas extravagantes y, sobre todo, lejanas a las necesidades de su ciudadanía. La última de ellas la ha planteado hace algunos días en un viaje a París. Allí el president anunciaba la insólita idea de una adhesión de Cataluña a la Organización Internacional de Francofonía (OIF) -que consta de una Cumbre, una Conferencia Ministerial y un Consejo Permanente- en reciprocidad por el respaldo de las autoridades francesas al reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea. Para quienes no salen de su asombro, recordarles que la Organización Internacional de Francofonía es una entidad supranacional, integrada por cuarenta y nueve Estados (Rumania o Vietnam) de los cinco continentes y vinculados a la cultura o lengua francesa -con ciento ochenta millones de francoparlantes-, aunque haya cuatro Estados como simples asociados (Andorra o Grecia) y diez más en situación de meros observadores (Austria o Polonia). Con ello se posibilitaría, de forma simultánea, se nos anuncia, el también afianzamiento de una próxima Euroregión Pirineos-Mediterraneo. Un organización que prevé la incorporación de «entidades o colectividades territoriales no soberanas pertenecientes a Estados no miembros», como sucede en el caso de Cataluña, pero que sería problemática sin la anuencia del Estado español, pues la presencia de comunidades como las de Québec y Valonia se ha articulado a través, precisamente, de los Estados canadiense y belga. En realidad, y da cierta pena, detrás de tan peculiar petición se reitera una fascinación por trasnochadas vinculaciones francófonas medievales y un inexplicable deseo de distanciamiento de España. Pero, sea como fuere, la reseñada propuesta puede ser objeto de las siguientes consideraciones. En primer lugar, el peso político efectivo de la postura francesa sobre el tratamiento del catalán, como el de otras lenguas en el ámbito comunitario, no pasa de ser secundario, pues el criterio que finalmente se apruebe depende mucho más de una decisión colegiada, basada en criterios de eficiencia -habría más de veinte lenguas- que de los singulares apoyos de ciertos Estados miembros. Y, en todo caso, puestos a optimizar las mejores alianzas, lo más rentable habría sido el paralelo acercamiento al Principado de Luxemburgo, que es a quien corresponde la Presidencia comunitaria, y puede disponer de un mayor margen de maniobrabilidad ante el Consejo de Ministros de la Unión, el órgano que decidirá en última instancia sobre la materia. Sin echar en el olvido una circunstancia harto preocupante: la ausencia de entusiasmo por la idea del verdadero motor de la política francesa, el presidente Jacques Chirac. En segundo término, se nos explica que «Francia ha sido en la historia de nuestro país la puerta de la libertad durante muchos años y eso debe materializarse de forma clara». No discutimos su papel en los momentos de la dictadura franquista, pero de ahí a realizar una construcción atemporal e indiferenciada hay un abismo. Francia, como España, los dos Estados más antiguos de Europa, ha conocido en su historia momentos de libertad pero también de opresión. La Revolución francesa de 1789, como el liberalismo español de la Constitución de Cádiz de 1812, fue ejemplar, pero no tanto, por ejemplo, los excesos del Régimen del Terror durante la Constitución de 1793, la época del II Imperio o el trato a los exiliados españoles finalizada la Guerra civil. En tercer lugar, y puestos a auspiciar un mejor conocimiento de la lengua de Balzac, por qué no procuramos antes que todos los catalanes sean capaces de hablar y escribir correctamente el castellano. Una circunstancia que, además de ser obligada, por la pertenencia de Catalunya a España, y pertinente, dada la existencia de una comunidad de más de cuatrocientos millones de hispanohablantes, es asimismo una obligación constitucional, toda vez que el artículo 3 de la Constitución de 1978 prescribe que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla». Y, por lo demás, seamos responsables con los programas de educación para nuestros hijos. Si la lengua inglesa se ha convertido en el referente de comunicación trasnacional, es incomprensible una apuesta tan radicalizada, y además en favor de un idioma que se encuentra en franco retroceso. Y, por último, no parece políticamente lo más sensato, estando por decidirse la asignación de la Olimpiada de 2012, a la que concurre Madrid, cuando la última de las declaraciones institucionales de la Organización Internacional de Francofonía fue el lógico respaldo a la candidatura de París. En fin, señalaba Guicciardini ( Recuerdos ), al retratar al rey Fernando el Católico, monarca, entre otros reinos, de lo que hoy es Cataluña, que «cada vez que pretendía llevar acabo una nueva empresa, en tomar una decisión de gran importancia, procedía a menudo de tal suerte que ya antes de dar a conocer sus intenciones, toda la corte y el pueblo las deseaban y reclamaban». Algo que no se da, por lo que se constata, en el caso del actual president.