TIENE RAZÓN el presidente Zapatero cuando acusa a Rajoy de utilizar la política antiterrorista para castigar a su Gobierno. Y la tiene cuando denuncia que tal actitud rompe un compromiso esencial del pacto antiterrorista suscrito por el PSOE y el PP. Se equivocaría Zapatero, sin embargo, si creyese que tales evidencias le amparan sin más para imprimir un giro sustancial a la política de acoso al entorno terrorista sin explicar a la opinión pública ni el cómo ni el por qué. Pues ese es, sin duda, el bosque que no nos dejan ver los árboles de la greña interminable entre la oposición popular y el Gobierno socialista. ¿Cree Zapatero que ha llegado la hora de cambiar la política de acoso contra el brazo político de ETA? Incluso más: ¿Cree que existen razones para romper la clave de arco que sujeta el pacto contra ETA: que con los pistoleros no hay nada de que hablar mientras no dejen las armas y se entreguen? Tales son las preguntas que Zapatero debería responder tras constatar la deslealtad de la política antiterrorista del PP. El Gobierno debe explicar en primer lugar si, como muchos aceptamos creyendo en su palabra, no ha impugnado la última marca legal de Batasuna (ese fantasmal Partido Comunista que ha levantado 150.000 votos de la noche a la mañana) debido a la ausencia de pruebas suficientes en que sostener su pretensión, o porque, más allá de tal ausencia, cree que debe abandonarse la política de ilegalizaciones y dársele otra oportunidad a Batasuna. ¿Es así? Y, si es así, ¿por qué razón? Pero Zapatero debe, además, explicarnos de una vez qué quiere decir con esas expresiones crípticas que desde hace meses viene utilizando («estoy dispuesto a llegar hasta el final», «la política va a jugar un papel muy importante en el final de la violencia») y de dónde proceden, pese a las constantes noticias sobre el rearme de ETA, las expectativas sobre el fin del terrorismo que él ha contribuido a propagar. De hecho, ¿explicarían esas supuestas expectativas un cambio en la estrategia del Estado democrático respecto a Batasuna? No creo, por supuesto, que pueda exigírsele al Gobierno que nos traslade informaciones por su naturaleza reservadas. Pero, una vez que Zapatero ha dado pistas más que suficientes para pensar que puede estar valorando seriamente cambiar una parte sustancial de la única política antiterrorista que ha sido capaz de colocar a ETA al borde del abismo, parece evidente que los ciudadanos tenemos derecho a saber qué razones justificarían la adopción de una decisión tan arriesgada. Arriesgada no sólo para el Gobierno, sino directamente para docenas de miles de personas e indirectamente para todos.