NO SON pocos los analistas que ven en la elección de Joseph Ratzinger como Papa de Roma un síntoma que anuncia un movimiento histórico de tipo pendular. No lo creo, aunque no discuto que tal objetivo se encuentre entrelas prioridades del nuevo Pontífice. Es cierto que la jerarquía católica, tanto con el anterior Papa como con el actual, emite señales que sólo se entienden desde la nostalgia del privilegio, cuando la Iglesia disputaba con éxito al Estado el derecho a definir el bien público. Pero también lo es que la historia ha dejado una huella indeleble y una herencia política y cultural que nadie está ya en condiciones de borrar y dilapidar. La expropiación de los monasterios católicos en la Inglaterra del XVI; la expulsión de los jesuitas decretada por Luís XIV en Francia en el siglo XVII y por Carlos III en España en el XVIII; la expropiación y redistribución de los bienes señoriales de la Iglesia galicana realizada por los revolucionarios franceses del XVIII; la desamortización y venta de los bienes de la Iglesia Católica impulsada por Mendizábal y Juárez en la España y el México del siglo XIX, o la prohibición del establecimiento de la Compañía de Jesús en la República Helvética mediante precepto constitucional en 1848, son hitos en un largo proceso histórico que va desbrozando las sociedades europeas desde hace cinco siglos y construyendo progresivamente un modelo social en el que el individuo se ha convertido en el referente central y su libertad es inalienable, en el que la razón sirve de fundamento a las instituciones de justicia, en el que el conflicto social es la base de la representación democrática de la voluntad general, en el que la soberanía reside por fin en el pueblo. A ese vigoroso movimiento laico preilustrado y postilustrado debe Europa la construcción del Estado moderno. Así pues, las sociedades europeas se basan en la ética civil, que no es una verdad revelada sino la consecuencia de la historia de nuestros países, de su evolución social y cultural. El conflicto surge, como sucede ahora, cuando la Iglesia se muestra incapaz de adaptarse a esa evolución y pretende frenar el proceso civilizador, cuyo producto histórico genuino son las modernas democracias, asentadas en principios como la secularización, el carácter laico del poder o la disociación entre creencia y pensamiento racional. Pero que no exista posibilidad de un movimiento pendular no quiere decir que el proceso modernizador no encuentre resistencias. Pero éstas, como recuerda Schumpeter, no son más que síntomas de la profundidad e irreversibilidad de las tendencias que pretenden combatir. En cualquier caso, sería deseable que la Iglesia católica no reincidiese, como tantas veces a lo largo de la historia, en su oposición al progreso de las sociedades europeas que, pese a quien pese, son, en términos de libertad e igualdad, la mayor conquista histórica de la humanidad.