ES LA GUERRA. En cuarenta años que llevo siguiendo los pasos y palabras de don Manuel Fraga, nunca lo he visto tan irritado como ayer con la Administración Central del Estado. Lo que dijo contra la ministra de Fomento roza la acusación del delito de prevaricación. Y, desde luego, este cronista jamás había visto al presidente gallego acusando a un ministerio de «robar» dinero a una comunidad autónoma y, mucho menos, incitando a la sociedad a la protesta en manifestaciones populares. Es la situación de mayor confrontación verbal entre la siempre pacífica Administración de Galicia y el Gobierno de la Nación. Los hechos, para un observador neutral, son casi kafkianos. En los últimos tiempos hemos visto a un Zapatero que prometió un trato preferente para esta comunidad. Hemos escuchado a la ministra Magdalena Álvarez asegurar que las inversiones del Plan Galicia para 2005 se incrementaban en 141 millones de euros sobre la dotación del año anterior, lo que supone un aumento del 53,7 por 100. Y, sin embargo, La Voz de Galicia informaba ayer que la misma ministra estudia paralizar dos tramos más del AVE Santiago-Ourense. Y Fraga cuantifica las «deslicitaciones» en 332 millones de euros. ¿Alguien puede explicar todos estos contrasentidos? He preguntado a los responsables de la gestión presupuestaria, y me han aumentado el complejo kafkiano: 1) Que no se puede robar lo que no se tiene. 2) Lo de siempre: que el Plan Galicia, como tal, no existió con Aznar, nunca se cuantificó y nunca se comprometió ningún plazo de ejecución. Y 3) Que ha sido Zapatero quien ha fijado, por primera vez, esos plazos y está dispuesto a cumplirlos con las dotaciones que figuran en los Presupuestos. ¿Quiere decir Fraga que se han quitado esos 332 millones de euros de unos Presupuestos aprobados en Cortes? ¿Insinúa que han sido destinados a otras comunidades por conveniencia política? Sería una barbaridad, una cacicada, un abuso de poder y una burla al Parlamento. Un gobierno no puede incumplir una ley. Y mucho menos, desviar los fondos aprobados. ¿Qué diferencia hay entre eso y la corrupción? Si se ha hecho, la Xunta está legitimada para todo: para denunciarlo, para exigir responsabilidades, para movilizar a la sociedad e incluso para declarar a Rodríguez Zapatero y a Magdalena Álvarez personas no gratas en Galicia. Pero hay algo que descalificaría más al Partido Socialista: la torpeza. No es concebible que un equipo que habla de solidaridad castigue de esa forma a una región necesitada de inversiones y con abultada deuda histórica. Y es irracional que, en vísperas de unas elecciones autonómicas, haga una política territorial sectaria. El PSOE no puede tener esa vocación de suicidio.