IGUAL que sucede con la primavera, también las elecciones vascas han venido, y nadie sabe cómo ha sido. Dentro de veinte días tendremos los resultados, y otra vez nos veremos obligados a hacer cábalas sobre unas hipótesis verdaderamente inquietantes. ¿Qué tienen previsto el PP y el PSOE si la coalición de Ibarretxe recoge los votos aberzales y saca la mayoría absoluta? ¿Qué pasará si Javier Madrazo se queda de árbitro entre una hipotética mayoría de constitucionalistas y otra de nacionalistas? ¿Quién y cómo gobernará aquel próspero país si el PSOE y el PP, enemigos irreconciliables y residentes en Madrid, suman la mayoría de escaños?. La clave de este marasmo está en la estrategia de las ilegalizaciones, que, en vez de juntar los votos aberzales en un único punto, para tratarlos con la fuerza de la democracia, los dispersa por todo el sistema, otorgándole la capacidad de envenenar la política y ponerla bajo sospecha. Si gana el PNV se dirá que su victoria es de ETA, y que el lendakari es un cautivo de Otegi. Si ganan los constitucionalistas, y se ven obligados a improvisar una coalición y un programa, se dirá que obtuvieron su triunfo manipulando a los jueces y amputando una parte del voto vasco. Si el PNV y el PSOE se ven obligados a gobernar juntos, tendrán que esquivar las minas que ellos mismos pusieron, mientras el PP se dedica a echar sal en todos los conflictos. Y si todo queda como está, pero sin aberzales en el Parlamento, estaremos ante la evidencia de un bloqueo político, que no tiene más salida que la calle. Además de ser jurídicamente dudoso, el procedimiento impuesto por la Ley de Partidos es materialmente insostenible. Lejos de basarse en mecanismos de responsabilidad personal, probados y sentenciados por los tribunales, que sirvan para eliminar candidatos y mantener vivas las opciones, se basa en inducciones abstractas que producen el efecto contrario: dejan intactos a los candidatos, en posesión de todos sus derechos, y eliminan las opciones políticas. Y eso, además de exigir mucho quilmo a los que firman los autos correspondientes, produce una multiplicación en cadena del hecho contaminante, que pronto obligará a los jueces a escoger entre dos situaciones igual de reprobables: actuar de forma discriminatoria, penando en unos lo que toleran en otros, o ilegalizar toda la política vasca, bajo la que hiberna, de forma inevitable, la realidad sociológica del país. Mientras no se haga una correcta diagnosis del problema vasco, será imposible acertar con la receta. Porque lo que en Madrid se considera remedio, es en Bilbao un problema. Y eso no es una desgracia inevitable. Sólo es un asunto mal gobernado.